Daniel Ortega se comprometió a excarcelar a todos los arrestados como una estrategia para retomar el diálogo. Se trata de las personas detenidas durante las protestas contra las reformas al seguro social que iniciaron en abril del año pasado.

Los manifestantes, quienes se agruparon a las afueras de las instalaciones del Servicio de protección al Menor, aseguran que duele mucho no tener noticias y no saber qué le pasó a la pequeña, de 4 años de edad. Tras 17 días sin saber de su paradero, decenas de personas que participaron en la movilización denunciaron lo que para ellos estuvo mal en el caso de los abusos que supuestamente había sufrido la niña en 2018.

Miembros de una organización que rechaza las agresiones a menores llegaron a la sede de la entidad, en el suroeste de la ciudad, para cuestionar el actuar de las autoridades al devolverle la custodia de la niña a su familia, antes de que se perdiera su rastro. Según Linda Sánchez, una de las manifestantes, el CPS (por sus siglas en inglés) no ha entregado los argumentos que consideró para regresar a la menor a manos de la familia y "no están haciendo nada".

Ron Brenesky, activista de derechos humanos, explicó que la situación para esta población es muy complicada en la isla, pues ha sido víctima de una férrea represión. Según relató, lo que los manifestantes gritaban en la protesta Conga contra la Homofobia, que fue prohibida recientemente por el gobierno, era "queremos ser incluidos". Por su parte, Calixto Navarro, miembro del Directorio Democrático Cubano, explicó qué hay detrás de las críticas de Mariela Castro, hija de Raúl Castro, a los manifestantes a quienes tildó de "ignorantes" tras ser una defensora de sus derechos.

Este sábado Lightfoot participó en una marcha en la que habló con los manifestantes sobre el problema de la violencia armada. La funcionaria aseguró que los habitantes de la ciudad tienen derecho a una vida decente y a criar a sus hijos en un buen ambiente.

Decenas de personas se manifestaron este jueves afuera de las oficinas del grupo GEO, la compañía privada que opera el centro de detención de inmigrantes indocumentados de Adelanto, el más grande de California, en donde se han documentado innumerables abusos, desde negligencia médica hasta suicidios.