Tras el operativo masivo realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el pasado 3 de abril en la empresa de teléfonos CVE, en el norte de Texas, docenas de ciudadanos protestaron pacíficamente frente a las instalaciones de la compañía para que les devuelvan su libertad. Además, varios de los afectados, que han sido liberados o lograron pagar una fianza, reclaman a la ensambladora auxilios económicos para cubrir los gastos necesarios de la defensa jurídica que deberán asumir a causa de la redada.

Organizaciones proinmigrantes y coaliciones de derechos civiles protestaron en contra de la SB-168 y la HB-527, las cuales siguen avanzando en la legislatura estatal. La mayor crítica a estas iniciativas es que podrían afectar las relaciones de los inmigrantes con las autoridades policiales. Expertos en derecho ya amenazan con acudir a los tribunales si finalmente las propuestas se convierten en ley porque las consideran anticonstitucionales.

Tras una semana de la captura de más de 280 personas, decenas de exempleaods se dieron cita para reclamar a la empresa CVE que se haga responsable de los valores que se tuvieron que pagar por las fianzas de algunos de ellos. Además, piden auxilios económicos para la defensa jurídica de quienes deberán asistir a una corte a consecuencia de la redada.

El Sindicato de Maestros CTU aprobó este miércoles el paro de educadores, con el fin de apoyar la exigencia de salarios más altos, derecho a pensión, apoyo para los estudiantes y mayor protección a la comunidad de alumnos inmigrantes. Algunos institutos declararon no estar de acuerdo con la medida que puede afectar a la comunidad.

La Casa Blanca informó que el presidente se reunirá con simpatizantes y también con un comité para recaudar fondos para su reelección. El precandidato demócrata pidió a la comunidad de San Antonio que se unieran para manifestarse contra Trump.

La mujer pretende retomar la jefatura siete meses después de su liberación tras estar presa acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su encarcelamiento por más de cinco años coincidió con su postura en contra de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto porque castigaba y destituía a los maestros mal evaluados. Ahora, Gordillo volvió en medio de un debate en el que esa reforma está en riesgo de ser cancelada.