Una de las nuevas restricciones prohíbe las reuniones en las viviendas con personas con las que no se cohabita diariamente. Los establecimientos considerados esenciales deben limitar su capacidad al 35%; además, el uso de máscaras es obligatorio al salir de casa. Debido a las medidas, cerca de medio centenar de personas protestaron frente al domicilio de la directora del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles. Más información aquí.

Las autoridades de salud informan que en las últimas 24 horas se registraron 6,190 nuevos contagios en el estado, lo que representa una disminución considerable teniendo en cuenta las cifras de noviembre. Sin embargo, esperan que en dos o tres semanas haya un aumento de casos debido a las celebraciones de Acción de Gracias. Las restricciones seguirán vigentes y piden no bajar la guardia.

El gobernador del estado asegura que no planea imponer multas ni cerrar escuelas y que "nadie va a perder su trabajo" por esta situación. Además, señaló que no implementará el uso obligatorio de la mascarilla en el estado.

Según expertos, un posible aval del Tribunal Supremo a las intenciones de la actual administración generaría un fuerte impacto en la distribución de fondos federales y de los escaños en el Congreso. Tres cortes inferiores han dictaminado previamente que la medida va en contra de la Constitución. Para el analista político Luis Alvarado todo esto tan solo es un esfuerzo del presidente por demostrarle a sus simpatizantes su fuerte postura frente a la inmigrantes. Más información aquí.

El analista Raúl Mas Canosa cree que esta es una manera del presidente de decir que se va a seguir con la transición, pero que todavía quiere reservar sus derechos bajo la ley “para seguir tratando de pelear esto hasta último momento”. Por su parte, el experto Simón Cruz asegura que el mandatario está haciendo lo correcto porque Biden necesita comenzar a tener reportes de inteligencia y la pandemia, entre otras cosas.

La iniciativa, que fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que también ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, busca que el presidente que esté en función pueda ser llevado ante la justicia si así se requiere. Los opositores en esta nación, por su parte, señalaron que todo se trata de un engaño y aseveran que “solo se están ampliando los catálogos de los delitos por los que un mandatario sería procesado”. Más noticias aquí.