La gran mayoría de migrantes que terminan en estos centros son menores no acompañados y familias que provienen de Centroamérica. “La situación actual es insostenible para los agentes”, dijo el jefe de operaciones de la Patrulla Fronteriza. También, anunció que el número de detenciones en la frontera sur ha aumentado en un 300% en los últimos cinco meses, en comparación con el año anterior.

A 16 meses de que la medida haya entrado en vigencia, autoridades policiales, miembros de la comunidad, organizaciones proinmigrantes y representantes consulares de varios países participaron en un foro que informó cómo los oficiales de la ciudad aplican dicha ley. Los agentes pueden indagar por el estatus migratorio de una persona, pero deben realizar un reporte detallado justificando la pregunta para evitar situaciones de perfil racial. Sin embargo, activistas sostienen que esto no es suficiente.

Según un informe del National Foundation for American Policy, que analizó datos del Departamento de Estado, estas solicitudes se están negando cada vez más. También crecieron un 5% los rechazos a las visas de trabajo H-1B, al igual que han sido afectadas las que se otorgan a estudiantes.

Miembros de la comunidad se unieron para sentar su voz de rechazo a las instalaciones que albergan más de 1,000 niños que llegaron a EEUU solos o fueron separados de sus padres. Este centro se abrió en junio de 2018 ante las medidas adoptadas por el gobierno Trump contra la inmigración de indocumentados.

Los niños fueron liberados junto con sus madres y entregados a familiares y amigos. Ahora esperarán libres el desarrollo de sus casos de asilo, donde un juez decidirá su futuro en Estados Unidos.

A partir del 11 de marzo los extranjeros que quieran extender su visa o ajustar su estatus deberán tomarse las huellas y pagar por el proceso.