Este 2019 se cumplieron 25 años de la iniciativa impulsada en 1994 y que se basaba en una retórica antiinmigrante en la que los indocumentados eran vistos como invasores que acaban con los recursos del estado, explica la abogada Noemí Ramírez.

“Ya no se puede hacer política o tomar decisiones importantes en Estados Unidos sin tomar en cuenta el punto de vista de la comunidad latina”, dice el activista Juan José Gutiérrez sobre la fuerza que cobró la batalla de la comunidad hispana contra dicha iniciativa antiinmigrante, que buscaba negarle derechos de salud y educación a los indocumentados y que este año cumple 25 años de ser anulada.

El exgobernador de ese estado, quien usó dicha propuesta como bandera política para su reelección en 1994, llevó, sin quererlo, a que la comunidad latina creará un enorme movimiento para defender sus derechos. “Fue un momento muy difícil para mí”, recuerda Rosario Marín, republicana durante la administración de Wilson, quien estaba en contra de la iniciativa por considerarla inconstitucional.

En 1994 el activismo político en la comunidad creció para iniciar una ardua batalla contra la iniciativa que quería quitarle los derechos a la población inmigrante y que había sido impulsada por el gobernador Pete Wilson. “Lo que estaba en juego era que nos querían borrar del panorama estatal”, dice el expresidente de la Asamblea Estatal de California, Fabián Núñez, quien también resalta que fue una ley pensada exclusivamente para perjudicar a los hispanos.

El expresidente del Senado de California Kevin de León explica cómo esta propuesta, impulsada por el entonces gobernador republicano Pete Wilson en 1994, quiso negar a los indocumentados servicios públicos, sociales, de salud y educación.

La persecución a los inmigrantes indocumentados sería la principal causa de la escasez de mano de obra en el estado. Las compañías están reclutando trabajadores de México a través de un programa que les permite ingresar a EEUU de forma temporal con la visa H-2A.