Allan Altamirano lleva casi nueve meses en un centro de detención del sur de California y sus familiares, acompañados de líderes comunitarios y amigos, solicitan que le permitan esperar la resolución de su proceso desde casa, pues las complicaciones de salud lo ponen en un mayor riesgo frente a la emergencia del coronavirus.

La agencia federal que procesa ciudadanías, tarjetas verdes y visas se queda sin dinero y le pide fondos al Congreso para no tener que suspender a más de 13,000 trabajadores, el 70% de su plantilla.

Ligia Gualpa, de la organización Proyecto de Justicia Laboral, explica que la ciudad cuenta con cinco centros de este tipo, los cuales se encargan de ayudar a la comunidad trabajadora inmigrante a buscar empleo, a conocer sus derechos y a resolver casos de abuso, como por ejemplo el robo de salario. Gualpa asegura que los jornaleros en la Gran Manzana no solo se han visto seriamente afectados por la crisis del coronavirus sino que además no cuentan con opciones de ayuda por parte del gobierno estatal.

Según datos de la oficina del Censo, de 2010 a 2019 la población asiática con ese rango de edad creció en un 30%, seguida por la hispana, que registra un 20%, y la afroestadounidense con un 12%, dejando en cuarto lugar a la población anglosajona que solo refleja un aumento del 4.3%. De acuerdo con analistas, estas cifras se deben a que la inmigración a suelo estadounidense sigue tomando fuerza. Más información aquí.

La demanda considera discriminatorio que algunos menores estadounidenses no hayan recibido la ayuda federal porque sus dos padres, o uno de ellos, sean indocumentados, aunque declaren impuestos. La corte dice que, a pesar de que los menores no son beneficiarios principales de la ayuda, sí sufrieron daños directos por no recibir el dinero y por eso la demanda procede. Ver más de esta noticia.

Tras el fallo de este jueves, los solicitantes de asilo con la petición rechazada pueden ser deportados de manera expedita y sin tener la oportunidad de que una corte federal revise su caso. "La decisión inmoviliza la capacidad del sistema judicial de cumplir con su deber constitucional para salvaguardar la libertad individual", mencionó la jueza Sonia Sotomayor, una de las que se opuso a la decisión. Más información aquí.