Expertos aseguran que los ejecutivos de las empresas Geo y CoreCivic, que administran este tipo de cárceles, han donado grandes sumas de dinero a las campañas republicanas, ya que actualmente tienen contratos multimillonarios con el gobierno federal y no les convendría un cambio de mando. Según abogados, esta situación afecta a los inmigrantes, ya que el fortalecimientos de dicho recintos solo los pone en desventaja a la hora de enfrentar sus eventuales procesos.
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