Políticos, abogados y activistas exigen al gobierno tomar en serio la denuncia, parar lo que definen como una "monstruosidad" y proteger a los inmigrantes, sobre todo a las mujeres, el grupo más vulnerable entre los miles de detenidos en las decenas de cárceles de ICE alrededor del país.

El abogado José Guerrero asegura que aquellos que tengan un familiar ciudadano estadounidense, como un esposo o hijo, pueden hacer una petición familiar e intentar ajustar su estatus estando en el país. Mientras que, aquellos con hijos menores de edad nacidos en EEUU, pueden usar la ley de los 10 años. Esto es lo que planean activistas para ayudar a los más de 300,000 afectados por la decisión.

Dawn Wooten, que trabajaba en el centro ubicado en Irwin, Georgia, aseguró que al menos cinco inmigrantes fueron sometidas a histerectomías y que a otras erróneamente les extirparon los ovarios. La enfermera también confirmó las denuncias que se habían publicado sobre falta de protección para prevenir el coronavirus, abusos y poca higiene en el lugar. ICE indicó en un comunicado que "son acusaciones anónimas no probadas". Más información aquí.

El abogado Víctor Nieblas afirma que existe una petición en proceso para que la decisión sea reconsiderada. Recomienda a los afectados por esta situación buscar ayuda legal y vigilar que los procesos por parte de las autoridades se cumplan en caso de enfrentarse a una deportación.

María, de origen nicaragüense y beneficiaria del programa, hace un llamado a las autoridades migratorias para que apelen a la “humanidad” y permitan que el Estatus de Protección Temporal (TPS) continúe vigente. Argumenta que no puede regresar a su país natal por la difícil situación que se vive allí.

La decisión tomada por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9o. Circuito puso al borde de la deportación a unos 300,000 inmigrantes, entre ellos poco más de 220,000 centroamericanos que llevan más de dos d´ecadas en el país y con hijos estadounidenses.