Unos 1,000 migrantes de diversas nacionalidades que permanecen en Tapachula (frontera entre México y Guatemala) en espera de una oportunidad para seguir viaje hacia el norte y pedir asilo en Estados Unidos, se preparan para este viernes arrancar el Viacrucis Migrante 2022.

La administración del presidente Joe Biden está considerando nuevas alternativas para miles de migrantes que cada día cruzan la frontera de EEUU. En el presupuesto presentado por la Casa Blanca se plantea una propuesta de recortar miles de camas en los centros de detención para inmigrantes e invertir $75 millones en programas alternativos como el control de indocumentados a través de grilletes electrónicos o aplicaciones para celulares. Más noticias aquí.

El gobierno planea poner fin en mayo al Título 42, bajo el cual se han deportado a miles de inmigrantes en medio de la pandemia. Al respecto, Darcy Gallego, de The Immigration Hub, celebró la noticia y dijo que esto permitirá a personas necesitadas pedir el asilo. Sin embargo, Jaime Flores, director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, señaló que esto envía un mensaje peligroso a inmigrantes que creen que la administración Biden derogará normas que controlan la migración. Puedes ver más contenido gratis en Prende TV aquí.

Miles de inmigrantes bajo custodia de autoridades migratorias son elegibles para una fianza, pero es la cantidad de la fianza lo que los mantiene detenidos. Una orden de una corte de apelaciones podría cambiar este sistema de ICE.

Según Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, el 28 de marzo 1,500 cubanos fueron detenidos en zonas fronterizas, una cifra que representa más del doble del promedio diario desde febrero. Sobre el tema, el abogado Vasili Hernández señaló que esta podría ser una crisis migratoria de cubanos. “Si llegan todas estas personas a la frontera y no se dispone de ellos de una manera eficiente, entonces el sistema colapsará”, dijo el experto.

La Legislatura Estatal de Nueva York está debatiendo cómo se invertirá el nuevo presupuesto. Por ello, organizaciones comunitarias están urgiendo a los legisladores y a la gobernadora Kathy Hochul a que no dejen por fuera una propuesta que le costaría al estado unos $345 millones, pero que sería de gran ayuda para miles de neoyorquinos que no cuentan con asistencia médica.