Ron DeSantis firmó una medida para evitar los desalojos de las personas de quienes no han podido pagar la renta de su vivienda o de su hipoteca inmobiliaria, tras ser impactados por el coronavirus.

El próximo 5 de agosto se acaba el periodo establecido para dicha ordenanza y, según especialistas en derechos humanos y de vivienda, los arrendatarios tendrán 21 días para alcanzar acuerdos con los caseros, siempre y cuando demuestren que se vieron afectados por la pandemia. De no hacerse nada durante este periodo, la demanda de desalojo continuará en marcha.

La iniciativa busca frenar una posible ola de personas que pierdan su hogar, ya que millones de los trabajadores afectados por el coronavirus aún no recuperan sus empleos y el subsidio federal no es suficiente para pagar rentas y gastos básicos en medio del elevado costo de vida en California.

Un anciano de 81 años sigue empeñado en pasar sus últimos días en una paradisíaca isla en Italia, que ha vigilado día y noche desde 1989. Llegó por accidente y jamás regresó a su vida mundana. El nuevo dueño de la isla, el gobierno italiano, advierte que lo sacará para hacer construcciones.

Según datos del Urban Institute, los grupos de minorías en el país son los más afectados, ya que el 44% de los hispanos y el 43% de los afroestadounidenses no han podido pagar sus alquileres. La moratoria federal que protegía del desalojo finalizó el viernes y ahora surge el temor entre muchos de ser expulsados de sus viviendas en diferentes estados. En los próximos meses hasta 23 millones de inquilinos pudieran ser desalojados, es decir uno de cada cinco, de acuerdo al Aspen Institute.

Más de un millón de trabajadores en Nueva York perdieron sus empleos debido a la pandemia del coronavirus; se estima que la mitad de ellos son inmigrantes. Por ello, una propuesta de ley en el estado busca evitar que quienes no pueden pagar la renta por ese motivo no puedan ser desalojados, pero activistas consideran indispensable también que reciban ayuda económica.