El próximo 5 de agosto se acaba el periodo establecido para dicha ordenanza y, según especialistas en derechos humanos y de vivienda, los arrendatarios tendrán 21 días para alcanzar acuerdos con los caseros, siempre y cuando demuestren que se vieron afectados por la pandemia. De no hacerse nada durante este periodo, la demanda de desalojo continuará en marcha.