Las supuestas víctimas laboran para una empresa de fabricación de muebles en el condado de Miami-Dade y aseguran que 20 personas se contagiaron con el virus porque le exigieron a un trabajador asistir pese a que tenía síntomas. Ante este tipo de casos, existen varias leyes que protegen los derechos de los empleados, incluso si son indocumentados.

La abogada Claudia Bernal explica que desde el 1 de diciembre entró en vigor una medida que hace que el procesamiento de casos de personas que tienen representación legal y que no están detenidas sea más corto. Ahora un abogado podrá solicitar que su cliente no tenga que ir con él a la audiencia de aplicaciones y que así un juez pueda determinar la fecha de audiencia final con más rapidez.

Aunque todos sus hijos son ciudadanos estadounidenses, Genoveva Soto, de Woodland, no pide ayuda del gobierno por temor a que esto afecte su trámite migratorio.

1,500 empleados de atención médica del Alguacil del Condado de Cook iniciaron este martes un paro de labores de 24 horas para exigir un pago adicional por el riesgo de realizar su trabajo durante este tiempo de pandemia.

Aunque el paquete de rescate financiero acordado en el Congreso revive el programa de protección de negocios, los agricultores indocumentados en el país no recibirían ayuda financiera. La mayoría de ellos siguen viviendo de las donaciones y la caridad. "El incentivo no puede ser solo para quienes tenemos documentos", criticó Martha Vega, del National Community Services. Más información aquí.

Activistas explican que, aunque en la segunda fase de inmunización son prioridad los trabajadores esenciales, se desconoce si el personal de bodegas está incluido en esa categoría. "Los empleados de almacén mantienen todo en marcha, sin ellos no habría vacunas en ningún lado, son quienes se aseguran de que lleguen del avión a los hospitales. Mantenerlos sanos es esencial", dice el abogado Alan Mills.