Leopoldo Serrano Vargas fue detenido por agentes de ICE en su residencia al noreste de Houston por reingresar a Estados Unidos después de tres deportaciones ocurridas en un lapso de ocho días en 2006. Además, en California lo buscaban como presunto autor de un asesinato.

En la actualidad presentar la apelación por una deportación cuesta 110 dólares, pero la administración del presidente Donald Trump desea aumentar ese costo a 975 dólares. Expertos legales califican la propuesta como otro intento del mandatario por alterar el sistema migratorio y advierten que afectaría la capacidad que tienen ciertos inmigrantes para obtener un estatus legal y protección.

El indocumentado guatemalteco ha vivido en Estados Unidos 25 años y sus familiares piensan que su activismo a favor de los migrantes fue lo que despertó la molestia de alguna persona que lo denunció ante las autoridades. Enfrenta un proceso de deportación, porque ICE sostiene que reingresó al país de forma ilegal en 2004.

Mónica Camacho y Ángel Aguiluz son los demandantes del caso presentado por la ONG CASA Maryland y la Universidad de Georgetown, que busca evitar la implamentación este 15 de octubre de la norma que afecta a los migrantes que reciben beneficios públicos.

La decisión de la jueza tomó por sorpresa tanto al abogado del activista como a su esposa, porque ambos esperaban que le otorgaran la fianza que le permitiría continuar bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e interponer los recursos para evitar una segunda deportación.

La audiencia se realizó en la Corte Federal en el centro de Houston, lugar en el que estuvo presente el abogado del hispano, activistas y su esposa, quien se manifestó muy triste con la situación de su pareja y preocupada por lo que pueda ocurrir más adelante. El guatemalteco fue detenido por agentes de ICE la mañana del 5 de septiembre y ya había sido deportado en junio de 2004.