Tras ganar el caso por una discrepancia en el pago del seguro de su casa, José Torrado, de 91 años de edad, enfrenta una millonaria demanda por gastos legales. De hecho, este adulto mayor casi pierde su casa en ese momento y ahora un error contable de $20 podría hacer que no logre recuperar el dinero que pagó por su defensa.

Una corte federal de apelaciones ordenó al gobierno del presidente Joe Biden reinstaurar el Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como 'Quédate en México', que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a esperar en México para que sus casos sean procesados. Además, otro tribunal ordenó cambiar las prioridades en las órdenes de deportación. El abogado Ezequiel Hernández explica lo último en inmigración. Más información aquí.

Un pequeño grupo de empresas han establado una demanda contra la ciudad y el alcalde, argumentando que la medida viola sus derechos constitucionales y es injusta al aplicarse a unos locales pero no a otros como iglesias, tiendas de comestibles, escuelas, oficinas y centros médicos.

¿Gabriel Soto e Irina Baeva continuarán con su demanda en contra de Laura Bozzo aunque la estén buscando las autoridades mexicanas? La pareja fue vista en un aeropuerto y por poco no responden a esta pregunta. Además, el actor habla de cómo se encuentra su amiga Fátima Molina tras la explosión de su departamento.

Un grupo de padres de menores con condiciones especiales interpuso la primera demanda federal contra Greg Abbott por su orden que impide a distritos exigir la mascarilla. En el documento se pide el fin inmediato de dicha medida que, según dice, viola el acta de Americanos con Discapacidades, así como la ley del plan de rescate económico, que dio fondos para implementar protocolos de seguridad acordes con los CDC en instituciones.

Una demanda de varios padres de estudiantes con alguna condición especial en contra del departamento de educación de la ciudad, por las demoras para encontrar terapias para los pequeños durante las clases virtuales, permitió un acuerdo legal en que dicha entidad se comprometió a prestar los servicios necesarios a estos menores. “Los niños recibirán la atención directamente de sus escuelas”, aclaró Stuart Seaborn, de Disability Rights Advocates.