Seis magistrados de la Corte Suprema dieron la razón al presidente Donald Trump: restringieron el poder de las decisiones nacionales de las cortes inferiores. Para las magistradas disidentes, esto representó "un grave ataque" al sistema legal de EEUU y a la Constitución. Pero la decisión también dio un golpe al derecho a la ciudadanía por nacimiento. Las organizaciones ahora buscan proteger a todos los niños que nazcan en el país a través de nuevas demandas.

En una decisión tomada este viernes, la Corte Suprema limitó el alcance de las medidas cautelares dictadas por las cortes federales a la jurisdicción donde fueron tomadas, dejando a las demandas colectivas como el único recurso para obtener una orden judicial con efectos a nivel federal.

Aún no hay claridad sobre cómo se va a concretar en la práctica el fallo de este viernes de la Corte Suprema, es decir, si la ciudadanía por nacimiento sin restricciones se aplicará solo en estados donde hay demandas. La Corte Suprema dio 30 días para la entrada en vigencia del decreto de Trump. En todo caso, estos son los estados donde se presentaron las demandas y donde en teoría tienen protección ante la orden ejecutiva.

Se espera que la Corte Suprema anuncie este viernes su decisión sobre el pedido del gobierno de Donald Trump para que determine si las cortes federales tienen la capacidad de bloquear órdenes ejecutivas nacionales, a raíz de la sucesión de medidas cautelares que la administración ha recibido, entre ellas las que paralizan la que busca limitar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento contemplado en la Enmienda 14 de la Constitución.

Al momento de anunciar las decisiones, los nueve jueces de la Corte Suprema ya habrán escuchado los argumentos de las partes durante un período de nueve meses, que comenzó en octubre y habrán votado en base a un proyecto de decisión escrito por uno de los magistrados designado por sus colegas.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario desinformó sobre el derecho establecido para todos los nacidos en suelo estadounidense. Hay una serie de argumentos jurídicos y legales que explican por qué es falsa la narrativa del presidente.