La medida eleva un nivel más el objetivo del presidente Donald Trump de debilitar a aquellos estados o ciudades que se niegan a colaborar con las autoridades federales de migración en la detención de inmigrantes indocumentados. Los agentes de este equipo son oficiales entrenados para operaciones de alto riesgo en la frontera pero que ahora trabajarán en conjunto con ICE para "proteger la seguridad pública".

Los agentes que normalmente se enfrentan contra los contrabandistas en la frontera, ahora están siendo enviados a las ciudades que tienen diversas políticas que ayudan a los inmigrantes indocumentados.

El fiscal general de EEUU, William Barr, aseguró que los tres estados violan la ley limitando la cooperación de sus departamentos de policía y del alguacil con los agentes de ICE. El procurador también indicó que el propósito de las políticas santuario es liberar a los criminales para no entregarlos a los agentes de Inmigración. Políticos locales han calificado la medida como "una póliza racista en contra de las minorías en el país".

Según un memo citado por la web Buzzfeed News, el borrador asegura que podría buscar maneras de acceder a la información que le nieguen algunos estados a través de otros estados "amigos" que puedan ayudarles discretamente. Para aquellos que no compartan los datos, vendrían retaliaciones que incluyen que sus licencias de manejo no sean consideradas válidas.

El fiscal general, William Barr, dijo que estas acciones representan "una importante escalada en las gestiones del gobierno federal para confrontar la resistencia de las ciudades santuario".

Según José Arango, presidente del Partido Republicano en el estado jardín, esta es una respuesta a la poca información que fiscales y autoridades locales están compartiendo con el gobierno federal sobre casos de personas indocumentadas.