La organización ‘Rechazar el Fascismo’ convocó a manifestarse desde el 1 al 4 de julio en la capital del país, asegurando que todas las voces deben unirse.

Jorge Cancino, editor principal de inmigración, Ángel Leal, abogado constitucionalista y Armando Olmedo, vicepresidente y asesor global de inmigración de TelevisaUnivision, analizan los efectos de la decisión de la Corte Suprema de restringir el poder de las cortes federales sobre los decretos presidenciales y hablan sobre el panorama de la ciudadanía por nacimiento en EEUU. Mira también: Tenía solicitud de reunificación familiar aprobada, pero fue deportado y ahora su esposa viaja a visitarlo.

El fallo de la Corte Suprema podría afectar la ciudadanía de bebés nacidos en EE.UU. ¿Qué deben saber las inmigrantes embarazadas en Georgia?

El fallo de la Corte Suprema en un caso relacionado con el derecho constitucional a la nacionalidad por nacimiento limita el poder de las cortes federales para bloquear políticas del Ejecutivo y los fuerza a adaptar sus decisiones antes de que entre en vogencia el decreto presidencial dentro de 30 días.

La Corte Suprema emitió un fallo que limita el poder de los jueces de cortes federales de distrito para bloquear los decretos del presidente a nivel nacional. La decisión, en medio de un ambiente político migratorio cargado de incertidumbre, genera preocupación, ya que vuelve a poner en la mira la orden ejecutiva de Donald Trump que busca negar la ciudadanía a los hijos de personas sin estatus legal que nacieron en Estados Unidos. El abogado Armando Olmedo habla al respecto. Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.

La Corte Suprema emitió este viernes un fallo que limita el poder de las cortes federales para bloquear órdenes ejecutivas a nivel nacional. Con esto el presidente Donald Trump puede condicionar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que afecta a madres indocumentadas que están por dar a luz en Estados Unidos. Frente a esta situación, el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (ASAP), y otras organizaciones, iniciaron un proceso de demanda colectiva en contra de esta orden ejecutiva.