A finales de marzo, el Departamento de Justicia pidió introducir la cuestión como una forma de determinar con mayor precisión los datos completos y el número de personas con edad para votar en EEUU. Sin embargo, los críticos de la medida afirman que la pregunta puede suponer que indocumentados o incluso residentes no respondan el formulario por miedo.

A principios de abril, más de 15 estados y 7 ciudades demandaron al gobierno por haber incluido la polémica cuestión por considerarla inconstitucional. La cuestión, alegan, podría hacer que indocumentados y residentes legales no cumplimentaran el formulario por miedo, lo que afectaría a la distribución de fondos.

En el censo que se realizará en 2020 reaparecerá una pregunta que causa polémica y se refiere al estatus migratorio.

Una representante del gobierno habló del censo de 2020 y su importancia en la representatividad de la comunidad hispana.

Decenas de manifestantes se dieron cita para exigir que la controvertida pregunta sea desestimada del censo. Aseguran que consultar sobre la ciudadanía es un acto de discriminación. En dos semanas se conocería la decisión de un juez federal sobre este caso.

Esto pondría en peligro el futuro de unos 300 programas financiados por el gobierno federal que han impulsado el éxito infantil, como Medicaid, SNAP, CHIP y Head Start. Los datos del censo se utilizan para asignar más de 800 mil millones de dólares al año para programas federales como estos.