El alcalde de Phoenix, Greg Stanton, y el Concejo Municipal votaron este martes para iniciar una demanda contra el gobierno federal en respuesta al plan de incluir la pregunta sobre la ciudadanía estadounidense en el Censo 2020.
Capital de Arizona planea demanda contra el gobierno federal por polémica pregunta en el Censo 2020
El alcalde de Phoenix, Greg Stanton, considera que la pregunta sobre la ciudadanía estadounidense limitará a muchos residentes a participar en el censo y esto podría afectar la llegada de ayuda federal a programas importantes para la ciudad.


Con esta decisión la capital de Arizona se une a 17 estados y 7 ciudades en el país que presentaron una demanda para intentar retirar la pregunta de ciudadanía del cuestionario del Censo de 2020 por considerarla inconstitucional.
Los demandantes sostienen, entre otras cosas, que incluir la pregunta de si se es ciudadano o no fue una decisión arbitraria que "debilitará fatalmente la precisión de la cuenta sobre la población" del país.
"El propósito del censo es obtener un conteo preciso de todas las personas, no para jugar a la política o involucrarse en asuntos de inmigración", dijo Stanton. "Una pregunta sobre la ciudadanía inevitablemente resultará en un recuento insuficiente, y Phoenix y sus residentes tienen demasiado que perder en el conteo si no se hace bien".
Los concejales Daniel Valenzuela y Kate Gallego enviaron una carta al alcalde solicitando que el concejo votara sobre este tema y este martes expresaron su satisfacción con la decisión de la ciudad de pronunciarse sobre la controversial pregunta.
"En marzo, advertí sobre el impacto que tendrá tal orden. Las cifras del censo se utilizan para volver a trazar los límites políticos de las juntas escolares a escaños del Congreso y determinar cuánto dinero reciben las ciudades y los estados del gobierno federal”, dijo el concejal Valenzuela.
"Me preocupa que la pregunta de la ciudadanía del Censo 2020 ponga en peligro los fondos federales asignados a Phoenix para ayudar a proporcionar servicios públicos críticos, incluidos la policía y la protección contra incendios, el transporte y muchos otros servicios", mencionó Gallego.
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La concejal recalcó que el censo de la manera que fue planteado puede marginar a residentes que son parte de la comunidad, refiriéndose a la comunidad inmigrante. “En este momento, es en el mejor interés de la Ciudad de Phoenix emprender acciones legales contra la Administración Trump", agregó Gallego.
Líderes de la ciudad consideran que el recuento insuficiente de residentes de Phoenix podría afectar negativamente las Subvenciones Globales de Desarrollo Comunitario (CSBG), asistencia de vivienda de Sección 8, Head Start / Early Head Start, Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Servicios alimenticios y nutricionales para mujeres, bebés y niños (WIC), Medicaid, y subsidios para la aplicación de la ley, seguridad nacional, entre otros programas importantes.
Además, la planificación y construcción de carreteras y tránsito también se vería seriamente afectada si los inmigrante temen participar en el censo.
Aunque el censo inicia el 1 de abril del 2020, Phoenix comenzó esfuerzos proactivos para asegurar que cada persona sepa que es importante ser contado.




