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Censos

Juez da luz verde a demanda contra el gobierno para no incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020

A principios de abril, más de 15 estados y 7 ciudades demandaron al gobierno por haber incluido la polémica cuestión por considerarla inconstitucional. La cuestión, alegan, podría hacer que indocumentados y residentes legales no cumplimentaran el formulario por miedo, lo que afectaría a la distribución de fondos.
26 Jul 2018 – 11:07 AM EDT

Un juez federal decidió este jueves que la demanda presentada por varios estados para impedir que aparezca una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020 siga adelante.

A finales de marzo, el Departamento de Justicia, con Jeff Sessions a la cabeza, pidió introducir la cuestión como una forma de determinar con mayor precisión los datos completos y el número de personas con edad para votar en Estados Unidos. El Departamento de Comercio, dirigido por Wilbur Ross, indicó que se había "determinado reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 porque es necesario para dar datos completos y precisos".


Sin embargo, los críticos con la medida afirman que la pregunta puede suponer que personas indocumentadas o incluso residentes no respondan al censo, lo que afectaría al reparto de fondos federales. Por ese motivo, a principios de abril, más de 17 estados (liderados por Nueva York) y 7 ciudades demandaron al gobierno por haber incluido la polémica cuestión por considerarla inconstitucional.


El reclamo sostiene, entre otras cosas, que incluir la pregunta de si se es ciudadano o no fue una decisión arbitraria que "debilitará fatalmente la precisión de la cuenta sobre la población" del país. La medida fue anunciada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.

El juez Jesse Furman, del distrito sur de Nueva York, indicó que la decisión de Ross de incluir dicha pregunta sobre la ciudadanía "estaba motivada al menos en parte por un ánimo discriminatorio y va a tener un efecto discriminatorio".

En todo caso, Furman establece que Ross, quien aprobó la polémica pregunta, tiene "completa autoridad" sobre el censo. "Los demandantes puede que al final no puedan demostrar que él (Ross) utilizó su autoridad de manera ilegal", estableció Furman.

Los estados que se unieron a la demanda son tanto demócratas como republicanos: Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Iowa, Maryland, Minnesota, Carolina del Norte, Vermont, Virginia.

Tras conocerse este fallo, la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, afirmó que se trata de "una gran victoria para los neoyorquinos y para todo el mundo en el país para tener un justo y preciso censo".

Las consecuencias

El censo, que se realiza cada 10 años, es la base para la distribución de 675,000 millones de dólares de fondos federales para diversas áreas, como escuelas, centros hospitalarios, infraestructuras, entre otras áreas.

Además, los resultados podrían tener un efecto en el rediseño de la Cámara de Representantes y de las legislaturas locales en la próxima década.
El conteo de población puede tener consecuencias clave en cómo se asignan los escaños para el Congreso con simples variaciones de entre 10,000 personas o menos.

En 2001 el estado de Utah demandó al gobierno federal después de que el estado no recibió un escaño adicional para el Congreso por una diferencia de 856 personas durante el Censo del 2000.

Utah argumentó sin éxito que el censo no contó debidamente más de 11,000 misioneros mormones que prestaban servicios fuera del país.

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