Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional buscan cambiar la interpretación de las causas de asilo, limitar y escrutar el poder de los jueces, acelerar los procesos y las deportaciones y limitar el acceso de los inmigrantes a los tribunales.

Las nuevas medidas migratorias propuestas por el gobierno del presidente Trump les dificulta el proceso a quienes vivieron en el país ilegalmente por más de un año, antes de solicitar el asilo y pondría bajo escrutinio a migrantes que buscan refugio en Estados Unidos, pero que no lo pidieron durante su paso por un tercer país.

En una carta firmada por 258 organizaciones que abogan en nombre de solicitantes de asilo, inmigrantes, niños y sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, denuncian y se oponen a la explotación por parte del gobierno de la pandemia del coronavirus.

“Las últimas nueve semanas han sido difíciles para los tribunales de inmigración y el público al que servimos”, dice la presidenta honoraria de la Asociación de Jueces de Inmigración. “Hemos tratado de navegar por el delicado equilibrio de asegurarnos de continuar celebrando las audiencias que podamos mientras protegemos la seguridad del público, los inmigrantes y nuestro personal".

La paralización de los juicios de inmigrantes no detenidos agrava la crisis que golpeaba desde principios del año la Corte de Inmigración, que ya tenía acumulados 1.2 millones de casos y solo cuenta con poco más de 440 jueces en 69 tribunales.
Sigue aquí nuestra cobertura sobre la pandemia del coronavirus.

La UNICEF denunció que, desde que el gobierno cerró la frontera con México, detuvo el programa de asilo, congeló el Programa de Protección al Migrante (MPP) y puso en riesgo las vidas de cientos de Menores No Acompañados (UAC).