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Corte revive parcialmente límites de asilo para personas víctimas de abuso

Una corte de apelaciones del Distrito de Columbia revivió algunos límites establecidos por el gobierno a la política de asilo, pero dejó la puerta abierta para que corrija los errores cometidos y vuelva a la carga en la frontera con México.
18 Jul 2020 – 04:22 PM EDT
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Un panel de jueces de un tribunal de apelaciones falló el viernes parcialmente en contra de una serie de modificaciones a la política de asilo ejecutadas por el gobierno entre 2017 y 2018 que elevaron los estándares para conseguir refugio en Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó 2-1 que cambios hechos por el gobierno en esos años no cumplen con el requisito de toma de decisión razonada que establece la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) y que el servicio de inmigración no los “justificó” ante el tribunal.

Doce solicitantes de asilo que demandaron los cambios (caso conocido como Grace v. Whitaker) “argumentaron principalmente que las políticas elevaron los requisitos para demostrar un temor creíble de persecución muy por encima de lo que pretendía el Congreso” cuando aprobó la ley en 1980”, explica el dictamen.

El tribunal también sentenció que el fiscal general (en ese entonces Jeff Sessions) y varias agencias federales, violaron la APA, entre ellas, por ejemplo, haber procedido a los cambios sin haber publicado previamente las modificaciones en el Registro Federal para tener en cuenta comentarios del público.

Previamente un tribunal de circuito se había puesto a favor del gobierno señalando que "no había una regla general" contra las solicitudes de asilo de víctimas de abuso y violencia por parte de actores privados, y que las restricciones no impedían categóricamente sus solicitudes.

Victoria compartida

El fallo propinó un golpe a los defensores del asilo que habían convencido con éxito a un tribunal de primera instancia para bloquear a los cambios a la política de asilo en su totalidad al argumentar que la guía autorizada allana el camino para que los solicitantes de asilo genuinos sean deportados rápidamente sin una audiencia judicial de inmigración completa, escribió el sitio Law360.

"El registro en este caso no respalda el argumento de los solicitantes de asilo de que [la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)] y el fiscal general han erigido una norma contra las solicitudes de asilo que involucran denuncias de violencia doméstica y/o pandillera", dijeron los jueces.

En análisis agrega que “el panel también revivió parte de la política conocida como la "regla de circularidad", que sostenía que los solicitantes de asilo, que deben demostrar que han sido perseguidos por su pertenencia a un determinado grupo social, no pueden definir su grupo social por el daño que enfrentan”.

El panel sostuvo que esta parte de la política es consistente con la decisión de 2018 del exfiscal general Sessions en el caso A-B, que redujo la definición de "grupo social particular" al determinar la elegibilidad de asilo de un individuo y estimuló la orientación impugnada, indica Law360.

Pero los jueces bloquearon, por ejemplo, la guía publicada en diciembre de 2018 evitando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) imponga límites de asilo. Y también indicaron que parte de la política que requería que los solicitantes de asilo demostraran que su gobierno era "incapaz" para protegerlos de la violencia, en lugar de no querer o no poder hacerlo, como lo señalaba el estándar anterior, se trataba de un cambio arbitrario en violación de la APA.

Además, el panel dijo que "nada en esta opinión necesariamente impide" que el gobierno intente arreglar las fallas administrativas en estas partes de la política de asilo y volver a emitirlas.

Aplauden el dictamen

Tras el fallo, el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los demandantes, dijo que el dictamen “derribó las políticas de Trump que restringen el asilo para inmigrantes que huyen de la violencia doméstica y de pandillas”.

“El tribunal rechazó el intento del gobierno de eliminar las protecciones de asilo. Este fallo es una gran derrota para el asalto de la administración a los derechos estipulados en la ley de asilo", dijo Cody Wofsy, un abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), otro de los demandantes.

La demanda incluyó mujeres que han sufrido una persecución extensa en forma de violencia sexual y física. Temiendo que fueran gravemente perjudicados o asesinados, buscaron refugio en Estados Unidos, muchos de ellos con sus hijos pequeños. Pero bajo las nuevas políticas, a pesar de que los funcionarios del gobierno encontraron los reclamos como verdaderas, concluyeron que las mujeres no tenían un "temor creíble de persecución" bajo las nuevas políticas cambiadas por el gobierno de Trump.

“Nuestros demandantes buscaron refugio en Estados Unidos después de soportar horrores inimaginables en sus países de origen. La decisión asegura que el gobierno no pueda simplemente cambiar las reglas del juego con un solo golpe y negarles las protecciones a las que tienen derecho", dijo Blaine Bookey, director legal de CGRS.

La demanda

En agosto del 2018 la ACLU y la CGRS anunciaron la presentación de la demanda que desafió la eliminación de protecciones de asilo por parte del gobierno para inmigrantes que huyen de la violencia doméstica y la brutalidad de las pandillas.

Ambas entidades dijeron que tras los cambios “estaban bajo cuestionamiento” las nuevas políticas de deportación acelerada ordenadas en su momento por Sessions, que instruyen a los jueces de asilo a negar "en general" tales reclamos “y aplicar otras normas legales erróneas que sobrecargan particularmente a quienes huyen de la violencia doméstica y de pandillas”.

Los demandantes argumentaron que los cambios impugnados en la demanda “afectan a los solicitantes de asilo en los procedimientos de deportación sumaria para que pueden ser deportados rápidamente a menos que se lo demuestren a un

oficial de asilo que tienen un temor creíble de persecución en su país de origen”.

“Las nuevas políticas socavan los derechos humanos fundamentales de las mujeres, contradiciendo décadas de leyes nacionales e internacionales establecidas que reconocen la persecución basada en el género como base para el asilo. También socavan de manera inadmisible los reclamos relacionados con la violencia de pandillas”, indicó la demanda.

En diciembre de 2018 una corte federal del Distrito de Columbia emitió una decisión y una orden judicial que bloqueó permanentemente la regla general del gobierno contra reclamos de miedo creíbles relacionados con la violencia doméstica o la violencia de pandillas, así como múltiples otras políticas impugnadas.

El caso A-B

En junio de 2018 Sessions estipuló que las víctimas de violencia doméstica y de pandillas por lo general no calificarán para pedir asilo, una decisión que los defensores de derechos humanos dijeron que afectaría a decenas de miles de inmigrantes que buscan refugio en Estados Unidos.

Su anuncio va en concordancia con el reenfoque que había adelantado sobre "restablecer los sólidos principios de asilo” contenidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), un nuevo paso en la estrategia de la Casa Blanca para dificultar la entrada al país a inmigrantes que llegan en busca de la protección del gobierno.

La decisión revirtió una medida del Panel de Apelaciones sobre Inmigración (BIA) del Departamento de Justicia establecida en 2016, que indica que una mujer abusada de El Salvador (conocido como caso A-B) era elegible para asilo bajo la ley federal. Esa instancia normalmente es la máxima autoridad sobre esos asuntos, pero el fiscal general tiene el poder de cambiarlo.

"No hemos actuado con apresuramiento sino cuidadosamente", dijo Sessions en ese momento. "En mi juicio, esta es una interpretación correcta de la ley".

"Por lo general las solicitudes de extranjeros pertinentes a violencia doméstica o violencia de pandillas perpetradas por actores no gubernamentales no calificarán para asilo", escribió el exfiscal general en un comunicado. "El mero hecho de que un país podría tener problemas para efectivamente hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o violencia de pandillas, o que ciertas poblaciones son más propensas a ser víctimas del crimen, no puede ser establecido por sí mismo como causa de asilo", agregó.

Otros datos del fallo

Dos años más tarde, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia consideró que algunas de las políticas ordenadas por el gobierno en 2018 “son incompatibles con la con IIRIRA (cambios a la ley de inmigración de 1996), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965, la Sección 1101 del Código de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

El fallo indica además que, por las razones expuestas en la demanda, partes clave de los cambios hechos por el gobierno “modifican” lo establecido por el Congreso y permiten que solicitudes de asilo “potencialmente válidas”, sean rechazadas y los peticionarios sean deportados.

La corte también exige que se cumpla con la ley y que los solicitantes de asilo tengan acceso a una entrevista de miedo creíble por parte de un agente de asilo de las Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), y en caso de una decisión adversa puedan apelar.

En el veredicto, la corte validó el fallo emitido por un tribunal de distrito a favor de los demandantes anulando cuatro de las políticas modificadas por el gobierno, las que afectaban al procedimiento de temor creíble.

La corte de apelaciones también urgió al gobierno aplicar “fielmente” los procedimientos contenidos en la ley, velar por una interpretación “más favorable” para el solicitante y tener en cuenta los años de práctica y el precedente histórico en la aplicación de la ley de asilo.

Cambio en puertas

El dictamen de la Corte de Apelaciones ocurre en momentos que el gobierno se prepara para modificar la ley de asilo por medio de un nuevo reglamento que fue anunciado en junio y que esta semana venció el plazo para el envío de comentarios públicos.

La nueva regla anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Corte de Inmigración (EOIR, dependiente del Departamento de Justicia) “restringe radicalmente la capacidad de las personas que huyen de la persecución para obtener asilo en Estados Unidos", dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración en la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.

Entre otras medidas, la propuesta del gobierno:


  • Impone nuevas barreras al asilo, entre ellos no haber pagado impuestos;
  • Pide elevar la definición de “persecución” para cubrir solo los daños “extremos”;
  • Pide redefinir los motivos de asilo tal como membresía a un "grupo social particular". Abogados temen que esto deje fuera a personas que huyen de la persecución de pandillas o por violencia doméstica.
  • Restringe la capacidad de pedir asilo por motivo de género. También limita a las mujeres que huyen de la esclavitud sexual.

El plan también plantea “revisar las reglas de procedimiento para permitir que los jueces de inmigración denieguen las solicitudes de asilo sin una audiencia si carecen de cierta evidencia”, agregó Yale-Loehr. “Esto perjudicaría particularmente a los solicitantes sin un abogado”.
“Esta regla propuesta es el sueño de quien odia el asilo”, añadió. “Destriparía el sistema de asilo y, en definitiva, muy pocas personas podrían obtenerlo”, indicó.

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que, teniendo en cuenta el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, es muy probable que los cambios anunciados por el gobierno a la ley de asilo serán demandados ante los tribunales de justicia.

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