Esta querella deriva de una investigación que reveló que más de 50 periodistas, activistas y abogados fueron fichados por el gobierno estadounidense para, a través de ellos, obtener información sobre una caravana migrante que llegó a Tijuana a finales de 2018.

La política actual determina que, cuando los migrantes concluyen sus casos en el tribunal de inmigración, se les permite pasar a Estados Unidos. En caso de que la petición de asilo sea denegada, el migrante queda bajo custodia federal porque la corte automáticamente emite una orden de deportación.

Muchas de estas personas han ganado sus procesos de asilo, pero les han mentido diciéndoles que deben regresar a la corte, cuando deberían esperar su entrevista libremente dentro del país.

Más de 1,500 personas aspirantes a recibir asilo político aguardan del lado mexicano de la frontera por una pronta respuesta del gobierno. Sus días transcurren bajo sofocantes temperaturas y dependen de la caridad de los buenos samaritanos que llegan a regalarles comida, agua, ropa y medicinas.

Una jueza federal de California analiza la demanda en contra de la regulación que entró en vigencia el pasado 16 de julio. El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explica los argumentos que presentaron los demandantes y que podrían ayudarlos a obtener una victoria. Caos logístico y constitucional son algunos de sus planteamientos.

Hace siete años, Marcos Saavedra elaboró un plan para ser detenido y conducido a un centro detención donde pudo auxiliar a cerca de 50 indocumentados que se encontraban a la espera de una solución en cada uno de sus casos. Este jueves asistió a una audiencia para conocer el resultado de su solicitud de asilo, pero un juez fijo para el 17 de enero del 2020 una nueva audiencia en la que se continuará evaluando el proceso.