El acceso gratuito de las mujeres en EEUU a este método de anticoncepción reversible está amenazado con las políticas de salud del gobierno de Trump.

Mandatarios han reunido más de 100 millones de dólares para financiar grupos internacionales que ofrecen servicios o asesoramiento sobre una amplia gama de servicios de salud reproductiva.

Uno de los temas más polémicos de la agenda de la administración Trump es el del control de la natalidad, derecho fundamental de la mujer. Y es que con la posible derogación del Obamacare, muchas mujeres podrían dejar de recibir de manera gratuita los medicamentos anticonceptivos que están cubiertos de manera obligatoria por la ley de salud asequible.

Numerosas organizaciones que defienden los derechos reproductivos de la mujer y de las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros se oponen a la postulación hecha por el presidente Donald Trump, alegando, entre otras cosas, que está en riesgo el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo.

Nunca antes en los últimos 40 años había habido tan pocos abortos en EEUU, debido al éxito que han tenido las medidas para impulsar la planificación familiar. Limitar estos procedimientos impacta desproporcionadamente en las mujeres más jóvenes, negras e hispanas de bajos recursos.

Aunque las opiniones están divididas y politizadas, la evidencia indica que los servicios que ofrece esta organización son cruciales para las mujeres de EEUU, sobre todo para aquellas de bajos recursos. La financiación federal que recibe ahora peligra bajo el gobierno de Donald Trump.