Decenas de manifestantes se congregaron a las afueras del centro ubicado en Homestead, Florida, el más grande del país. Denunciaron que ese lugar está destinado para tener a los menores durante un periodo corto, pero algunos de ellos llevan hasta 10 meses allí. En el sitio se encuentran adolescentes entre 13 y 17 años de edad que fueron separados de sus padres o tutores al entrar al país.

A 16 meses de que la medida haya entrado en vigencia, autoridades policiales, miembros de la comunidad, organizaciones proinmigrantes y representantes consulares de varios países participaron en un foro que informó cómo los oficiales de la ciudad aplican dicha ley. Los agentes pueden indagar por el estatus migratorio de una persona, pero deben realizar un reporte detallado justificando la pregunta para evitar situaciones de perfil racial. Sin embargo, activistas sostienen que esto no es suficiente.

Miembros de la comunidad se unieron para sentar su voz de rechazo a las instalaciones que albergan más de 1,000 niños que llegaron a EEUU solos o fueron separados de sus padres. Este centro se abrió en junio de 2018 ante las medidas adoptadas por el gobierno Trump contra la inmigración de indocumentados.

IVAC, una organización que reúne a ciudadanos venezolano-estadounidenses, explicó que la medida busca dejar claro que lo que sucede en el país latino afecta a varias naciones, empezando por EEUU. Alejandro Segovia, líder de los venezolanos en el exilio, añadió que también se busca respaldar decisiones y acciones para buscar la transformación en tierras venezolanas.

La anciana, de origen mexicano, padece un cáncer que la mantiene en condición crítica en Los Ángeles. La mujer apela a su estatus de ciudadana de EEUU para que sus hijas puedan viajar desde México a hacerse cargo de ella.

Tras el anuncio de la fiscalía de no presentar cargos a los oficiales implicados en este caso, miembros de la familia de Clark aseguraron que seguirán buscando justicia, aunque no cuenten con apoyo oficial.