Al respecto, la abogada Silvia Mintz explica que "el gobierno tiene el derecho de intervenir bastante, ya que el estado de Texas ha tomado una decisión que viola la constitución de Estados Unidos". La experta señala cuáles son los pasos a seguir que podría dar la administración de Biden con el fin de congelar dicha legislación, que penaliza el aborto después de las seis semanas de gestación.

Se trata de una querella presentada este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pretende poner fin a una reciente legislación aprobada por el estado, conocida como "ley de latidos del corazón", que penaliza a las mujeres en Texas que se practiquen un aborto luego de las seis semanas de embarazo. "Hace muy riesgoso prestar el servicio, dejando a las mujeres texanas sin ese derecho constitucional", señaló al respecto el fiscal general Merrick Garland.

El Departamento de Justicia anunció una demanda contra Texas por su restrictiva ley que prohíbe los abortos después de la seis semanas de embarazo, según anunció el fiscal general de EEUU, Merrick Garland. La decisión de iniciar este procedimiento en una corte de Austin se produce después de que la Corte Suprema se negara a frenar la aplicación de la legislación, la más restrictiva del país. Más información aquí.

Luego de conocerse que algunos congresistas estatales estarían tratando de impulsar un proyecto que busca prohibir el aborto desde las seis semanas de embarazo, líderes demócratas señalaron rechazar dicha propuesta. “No queremos que el gobierno se meta en decisiones tan privadas”, dijo la senadora estatal Annette Tadeo. Entretanto, varias personas afirmaron apoyar la idea, mientras otras dijeron estar en contra.

En rueda de prensa, el fiscal general Merrick B. Garland dijo que el objetivo de esta querella es obtener un mandato preliminar y permanente que bloquee la aplicación de la ley por parte del estado de Texas o por cualquier ciudadano. Organizaciones locales como Planned Parenthood celebraron el anuncio, ya que durante la semana habían agotado los recursos judiciales contra dicha legislación.

El Departamento de Justicia sometió la demanda contra el estado por la nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que fue promulgada "en abierto desafío a la Constitución".