Los menores de entre 7 meses y 9 años de edad, quienes nacieron en EEUU, no fueron cubiertos por el estímulo económico del gobierno para beneficiarse durante la crisis económica del COVID -19 y están listos para hacer valer sus derechos como ciudadanos.

“Hemos tenido bastantes dificultades por temas de estadía”, dice Jaime Mercado, una de las 185 personas provenientes de ese país que se encontraban de paseo en la ciudad y ahora no tienen recursos para devolverse. El hombre pide al gobierno de Colombia enviar un vuelo humanitario para poder retornar y cuenta que se instauró una acción de tutela para recibir la ayuda.

El punto más álgido para la migración infantil en la era Trump se alcanzó sigilosamente en los primeros 11 días de la declaración de emergencia por el coronavirus, cuando casi 300 menores no acompañados fueron expulsados inmediatamente después de que los arrestaron en la frontera.

El Fondo para Trabajadores Indocumentados de Dallas (UWFD) ofrece pagos de 150 dólares para quienes laboraban en restaurantes. Además, las autoridades piden a esta comunidad que se comunique con la oficina de asuntos de inmigrantes al 214 671 50 87 para preguntar por los recursos disponibles.

“Todos tienen miedo de morir porque no hay protección de ninguna manera”, dice el migrante detenido en un centro de procesamiento en el noroeste de Houston, donde un representante de la empresa que administra el lugar confirmó días antes que tres empleados dieron positivo en covid-19. Alegan que no los están protegiendo adecuadamente y que, incluso, les niegan mascarillas.

Entre lágrimas, Perla Rivera se pregunta a dónde irá tras recibir la orden de desalojo porque no cuenta con los recursos para pagar el alquiler de su vivienda, donde convive con sus tres hijos. “¿A dónde voy a ir?, ¿dormiré en el carro?”, se cuestiona la mujer, habitante de Houston.