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Protocolos de Protección de Migrantes

"Nos dio papeles y ya": solicitantes de asilo y organizaciones cuestionan las cifras de AMLO sobre migrantes en la frontera y critican su desempeño

Tras el anuncio del gobierno de Biden sobre una pronta apertura de la frontera para los solicitantes de asilo que están varados en México, distintas organizaciones creen que el gobierno de López Obrador pudo haber hecho más por los migrantes.
12 Feb 2021 – 06:28 PM EST
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El venezolano José Bustamante está entre los más de 71,000 migrantes que la Administración de Donald Trump devolvió a México a esperar la resolución de sus casos de asilo. La noche del jueves no durmió de la emoción luego de que el gobierno de Joe Biden informara que permitiría su entrada a Estados Unidos. Él y su familia tienen un año y dos meses esperando esa noticia, y como ya han aguardado tanto tiempo encerrados en una habitación de Nogales, Sonora, no tienen apuro, quieren hacer las cosas reduciendo los riesgos.

"Me quedé pensativo, porque no sé cómo será. Si fuera en Ciudad Juárez ni loco voy para allá. Los de las mañas (los carteles) no son tontos, seguro pensarán que si van grupos grandes de migrantes mínimo vienen 10,000 dólares en ese autobús. Los van a estar cazando en los terminales y estarán sujetos a robo, a extorsión", dice Bustamante al teléfono al referirse a la violencia que impera en las ciudades de la frontera y de la que cientos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) han sido víctimas. "La seguridad es lo que me procupa. Hace una semana calcinaron a 19 migrantes, esto aquí es fuerte, no es fácil. Mientras uno más se resguarde, mejor".

Este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que a partir del 19 de febrero permitirá el regreso gradual al país de más de 25,000 solicitantes de asilo con casos de asilo abiertos a través de algunos puertos de entrada autorizados. Según el diario Los Angeles Times, entre los puntos receptores estarán el del San Ysidro, en California, y otros dos en Texas, el de El Paso y el de Brownsville. Este último ha sido uno de los puntos de mayor vulnerabilidad porque buena parte de los migrantes duerme y hace vida en un campamento improvisado a orillas del río Bravo, del lado mexicano, expuestos al crimen organizado de la zona.

En los días que quedan hasta el 19 de febrero, la agencia pidió a los migrantes que se quedaran donde están y esperaran el anuncio para iniciar el registro virtual de las personas varadas en la frontera.

José Bustamante y su familia son de los que obedecerán. A pesar de la inseguridad de México y la falta de asistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura que es su mejor opción. "Lo bueno es que ya dieron esa noticia. Vamos a esperar a que abran Nogales o que se desaloje Ciudad Juárez. Yo no voy a buscar ningún tipo de problema". Cuando llegue el momento, dice, se registrarán en la web de DHS, esperarán para hacerse su prueba de covid-19 y a que los llamen para, por fin, pisar Estados Unidos como solicitantes de asilo.

Todos, menos México

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina que a su gobierno le "importa mucho la política de regularizar migrantes. Hay ese compromiso". En sus cifras, son 6,000 las personas que esperan en ciudades de su frontera por una respuesta sobre sus asilos.

Pero hay una brecha amplia en las cifras que maneja México frente a las de Estados Unidos. EL DHS calcula que hay 25,000 personas con casos abiertos bajo los PPM.

Para México es difícil saber cuántos migrantes se encuentran en su frontera, no solo por la movilidad de estas personas de una ciudad a la otra, sino porque un número de ellas quedó durmiendo en la calle o rentó espacios. Y más allá del registro y la forma migratoria que le han dado a los devueltos a su país al entrar para que puedan tener documentación y trabajar, el país no ha realizado un censo o una caracterización de quiénes son estas personas.

Según el punto de la frontera que se revise, la evaluación que hacen las organizaciones sobre la respuesta del gobierno de López Obrador es diferente.

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El trauma, el miedo y la desesperanza de quienes esperan su asilo atrapados en México

Tijuana, por ejemplo, es una ciudad con al menos cuatro albergues manejados por particulares y que pudieron recibir a buena parte de los más de 7,000 migrantes que fueron devueltos por esa zona. Más de un año después de la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) —desde enero de 2019— el gobierno local decidió abrir un espacio con capacidad para unas 3,000 personas.

Esmeralda Siú, directora de la Coalición Pro Inmigrante en Tijuana, Baja California, cree que la apertura de ese albergue fue un paso tardío, pero que llegó. Sin embargo, considera que no hubo una política de integración de los migrantes en sus ciudades, sobre todo al considerar que sus estancias iban a ser prolongadas. Explica que terminaron las organizaciones armando una estrategia y haciendo ese trabajo. Por eso cree que en lugar de abrir un centro de esa dimensión —y en el que pocos se quedaron por lo lejos que estaba de la frontera— pudieron haber dispuesto más dinero en los albergues que ya existían.

"No hubo acompañamiento del gobierno (...) Son las organizaciones quienes lo hacen con los migrantes a los que dan albergue (...) Hay 50% que trabaja de manera informal y tiene mucho que ver con cómo le dan ese acompañamiento que va desde ayudarlos a hacer un currículo, generar su número de seguro social, lo que te van a pedir y para ayudarlos a que no les nieguen el empleo o abusen de ellos", señala.

En el otro extremo de la frontera, en Reynosa, Tamaulipas, el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante y quien trabaja también en Matamoros, cree que "México no ha dado la atención ni en salud, ni en trabajo ni con alimentos a los migrantes. México no respondió correctamente", ni desde el nivel local, ni desde el federal por las rivalidades entre partidos, PAN y Morena respectivamente. "No se ha sabido quién los atiende, si es el municipio, el estado o el gobierno federal", reclama. Por eso considera que el gobierno de López Obrador no puede saber ni siquiera cuántos son: "México no ha hecho censo en esta región (...) Pudo haber hecho mucho más en materia de derechos humanos".

En este punto de la frontera, han sido también las organizaciones las que han respondido a las necesidades de los devueltos. En Matamoros, por ejemplo, cuando los migrantes improvisaron el campamento a orillas del río, fueron las ONGs y los organismos internacionales quienes se encargaron de brindar alimentación, atención en salud y hasta las carpas en las que todavía duermen cientos de personas.

Tal como cuentan Siú y Gallardo, a José Bustamante y a su familia México solo les dio papeles temporales y una forma migratoria múltiple que le ha permitido a él conseguir distintos empleos. Más allá de eso, el venezolano no recuerda alguna asistencia particular del gobierno.

Bustamante y su familia habían huido de Venezuela el 17 de noviembre de 2019. Él había sido torturado por militares que le exigían delatar a quienes organizaban las protestas opositoras de Carabobo, el estado en el que vivía. Corría 2014 y Nicolás Maduro había asumido meses atrás la Presidencia con la mitad del país en su contra, protestando en la calle. Tras sobrevivir a aquel arresto con golpes, decidió encerrarse en casa para proteger a su familia. Cuando el 30 de abril de 2019 el opositor Leopoldo López fue liberado tras un golpe militar fallido, decidió salir nuevamente a manifestar: creyó entonces que era el fin del gobierno chavista, pero no. Lo detuvieron junto a otras seis personas, lo acusaron de traición a la patria con posibilidad de una condena de 30 años en prisión. Escapó del país.

En México el gobierno no ha hecho más fácil su larga estancia en Nogales, Sonora. "Lo único que siento, y que no es un apoyo sino algo negociado entre las administraciones, es que cuando nos devolvían nos daban papeles (...) Pero apoyo no, yo me moví, busqué empleo (...) Nos dio papeles y ya, y con eso usted busque empleo y a guerrear".

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