Los manifestantes elevaron sus voces en las ciudades de León, Estelí, Matagalpa y Managua exigiendo la libertad de los presos políticos, que se contabilizan en más de 150, según cifras de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Del medio millar de presos políticos que mantiene el gobierno de Daniel Ortega, 137 están siendo procesados judicialmente por terrorismo, homicidio y otros cargos "insostenibles" que, según organismos de derechos humanos, buscan “aplastar la rebelión ciudadana”. Mientras, en los juzgados no hay ningún policía o paramilitar preso por los muertos en la represión a las protestas.

Los estudiantes de la Coalición Universitaria hicieron énfasis en que no podrán retornar a los salones de clase sin haber salido de la crisis, que ha cobrado la vida a más de 300 personas. Muchos de los jóvenes que marcharon están amenazados de muerte o tienen orden de captura por su participación en acciones que han sido catalogadas como terrorismo.

Una intensa movilización policial y militar se vivió en la principal cárcel de presos políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas. Estos detenidos protestan por el aislamiento, la falta de comida y agua y el no cumplimiento en las boletas de excarcelación.

Caro, quien salió de la cárcel el pasado 1 de junio, denunció que fue sometido a abusos y prácticas coercitivas mientras estaba preso en su país.

El informe publicado por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional señala que 21 de los presos llevan entre 15 y 27 años en la cárcel.