Cárcel para los manifestantes, libertad para los policías que les disparan: la represión en Nicaragua llega a los juzgados

Del medio millar de presos políticos que mantiene el gobierno de Daniel Ortega, 137 están siendo procesados judicialmente por terrorismo, homicidio y otros cargos "insostenibles" que, según organismos de derechos humanos, buscan “aplastar la rebelión ciudadana”. Mientras, en los juzgados no hay ningún policía o paramilitar preso por los muertos en la represión a las protestas.
9 Ago 2018 – 3:21 PM EDT

MANAGUA, Nicaragua. - Starina Talavera Jerez tenía 21 días de no ver a su madre. La encontró ojerosa, con el rostro más delgado y de buen ánimo pese todo lo que ha pasado desde el 18 de julio. Ese día, la doctora Irlanda Jerez fue apresada por un convoy conjunto de policías y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega en una rotonda de Managua al momento que regresaba de una conferencia de prensa. Desde el mes de junio, la odontóloga Jerez se convirtió en una de las líderes ciudadanas más visibles en la rebelión cívica contra la administración sandinista. Saltó a la palestra pública cuando instó a los comerciantes del populoso Mercado Oriental de la capital (el más grande de Centroamérica) a la desobediencia civil y a no pagar impuestos como método de protesta.

“Mi familia está clara que mi esto es una represalia política contra mi mamá”, le dijo Starina Talavera a Univision Noticias esta semana cuando, después de varias solicitudes, pudo visitar a su madre en el centro penitenciario de mujeres. La doctora Jerez no ejerce su profesión desde 2007. Entonces abrió una tienda de ropa en el Mercado Oriental y se convirtió en comerciante y empresaria. En medio de los saqueos ocurridos en los primeros meses de protestas contra el gobierno de Ortega, su negocio fue incendiado. “Ella decidió protestar por ello y por los más de 300 muertes que ha dejado la represión en este país”, dijo su hija.

“Mi mamá nunca ha estado con el gobierno de Daniel Ortega y con esta crisis logró alzar su voz”, agregó Starina Jerez, una joven de 20 años que sigue en zozobra el paso de su madre por la cárcel. El caso de la doctora Jerez es uno entre los 500 casos de “presos políticos” que registra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en el contexto de la crisis sociopolítica que deja 317 muertos. Según los grupos de derechos humanos y organismos internacionales, la mayoría de los fallecidos fueron víctimas de la represión gubernamental. Sin embargo, hasta hoy no hay ni un solo policía o paramilitar en los banquillos judiciales ni puesto tras las rejas.

En cambio, del medio millar de reos políticos que denuncia el organismo de derechos humanos, 137 casos están siendo procesados judicialmente. “Existe todo un aparato represivo. La etapa de la judicialización es la continuación de la represión a través de la utilización de la ley de manera selectiva y excluyente; es decir no están incluidos los asesinos de las personas que fueron ejecutadas en el contexto de las protestas”, criticó Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh.

Terrorismo, homicidio, secuestro, crimen organizado

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) detalló en un informe que los 137 casos de manifestantes y líderes opositores están distribuidos en 34 expedientes. Los catalogan bajo los delitos de terrorismo, crimen organizado, secuestro, daños a la propiedad pública, incendio, asesinatos y homicidios, entre otros. La mayoría de las querellas son procesadas en los juzgados de Managua, Granada, Estelí y Jinotepe, las regiones donde la represión oficial fue más cruenta.

Por su parte, el gobierno de Daniel Ortega solo reconoce sólo 197 muertos durante las protestas a contrapelo de los 317 verificados por la CIDH. En una nueva campaña en sus medios oficiales, la administración sandinista "promete justicia y castigo" para los "asesinos", a quienes señalan de promover "un golpe de estado en el país". "Justicia para las víctimas del terrorismo, reparación ya, castigo para los asesinos. Ellos los mataron, 197, ellos los mataron que paguen por sus crímenes. Derechos humanos para todos. Nicaragua quiere paz ”, advirtió la vicepresidenta Rosario Murillo este miércoles.


Las acusaciones en los juzgados suelen ser masivas, como el expediente de diez estudiantes de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quienes participaron en la toma del recinto. Según la CPDH, el pico de acusaciones sucedió entre los meses de junio y julio, luego de que la “Operación Limpieza” perpetrada por paramilitares y policías derribara los tranques ciudadanos alrededor del país con violencia desmedida, según los organismos de derechos humanos.

Aunque ya no hay tranques ni barricadas ni detonaciones por doquier, Nicaragua sigue convulsa. Los paramilitares y oficiales de la Policía Nacional ejercen fuerte presencia en las calles. Los armados han desatado una cacería “casa a casa” en contra de los manifestantes, los líderes ciudadanos y de la oposición. Durante esta persecución es que se han acumulado la mayoría de los 500 presos políticos.

“Hemos recibido información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos”, detalló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente comunicado. El organismo interamericano no solo resalta las detenciones de la doctora Jerez, los coordinadores del Movimiento 19 de Abril en Masaya, Cristian Fajardo Caballero y María Peralta Cerrato, sino la de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, después de que la policía los acusara de un ataque contra policías. Ambos hombres fueron apresados en el aeropuerto internacional de Managua el 13 de julio cuando viajaban hacia Los Ángeles a participar en una actividad de solidaridad organizada por la diáspora nicagüense en Estados Unidos.

“Ha habido un proceso de transformación de la represión más cruda, más explícita, un proceso de represión burocrática, utilizando la propia institucionalidad, el sistema de justicia para detener a las personas, promover acciones y procesos judiciales en su contra”, definió el secretario de la CIDH, Paulo Abrao.

La “persecución judicial” también ha sido alentada por la aprobación de dos leyes antiterrorismo en el Parlamento controlado por Daniel Ortega. Las normativas están encaminadas a perseguir y criminalizar a ciudadanos, opositores, empresarios y organizaciones sin fines de lucro que apoyen o realicen donaciones a alguna campaña cívica para defenderse del gobierno sandinista.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó al gobierno de Ortega “la liberación de todos los presos políticos” este martes. El grupo opositor, que es la contraparte al oficialismo en el paralizado diálogo nacional, exigió “información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas” y criticó que los casos judicializados han sido tramitados de “manera expedita y en audiencias privadas, así como negarles a las víctimas el derecho a la defensa particular”.


Solo dos casos enjuiciados por crímenes contra ciudadanos

Carrión, el director jurídico del Cenidh, criticó además que los casos judicializados no presentan méritos suficientes para llevarlos a los tribunales. “La selección se cierne sobre todo aquel que sea manifestante y lo consideren golpista. A algunos les imputan media docena de cargos, como terrorismo y hasta daños a la propiedad pública por derribar los árboles de lata (Árboles de la Vida)”, reclamó el defensor de derechos humanos.


En los tribunales existen solo dos casos que, supuestamente, señalan a los hechores de crímenes contra ciudadanos. El primero es el del periodista Ángel Gahona, asesinado de un disparo en la cabeza en la ciudad de Bluefields, en el Caribe de Nicaragua, mientras transmitía en vivo un disturbio. El Ministerio Público acusó a dos jóvenes costeños: Brandon Cristofer Lovo Tayler y Glen Abraham Slate. Sin embargo, los familiares de los acusados y de la víctima rechazan el proceso “lleno de inconsistencias”, al considerar que los verdaderos responsables del asesinato del periodista son oficiales de la Policía Nacional.

El otro caso que llevó al banquillo al perpetrador de un asesinato es el de la estudiante brasileña de medicina Raynéia Lima, baleada la noche del 23 de julio en Managua, en una zona llena de paramilitares, donde habita Francisco López Centeno, tesorero del Frente Sandinista y miembro del círculo íntimo del presidente Ortega.

El gobierno brasileño ejerció severa presión diplomática sobre Managua tras la muerte de la doctora Lima. Brasilia logró que presentaran como responsable del crimen al exmilitar Pierson Gutiérrez Solís, pese a que en primera instancia la Policía había dicho que el autor fue “un guarda de seguridad” a quien no identificaron. Luego, cambiaron la versión sin explicación alguna.

“El caso más cercano en ejercer justicia para las víctimas es de la joven brasileña. Sin embargo, la acusación no cuenta toda la verdad. El culpable es un paramilitar, pero la Fiscalía jamás lo dice. Como se ven ante la presión diplomática, presentan al responsable pero tuercen y manipulan el caso para evitar el tema de fondo: Que ese sujeto es parte de una estructura criminal asociada al gobierno”, planteó Carrión.

Starina Talavera Jerez también considera que, en el caso de su madre, no hay motivos para encarcelarla. El Ministerio Público revivió un caso cerrado a favor de la doctora Jerez por el delito de estelionato.

“Al gobierno le duele que mi mamá haya llamado a no pagar impuestos, porque, el dinero, eso sí les duele y no los muertos… después de eso le llovieron amenazas y pronto la echaron presa”, dijo la joven tras salir de visitar a su madre en el centro penitenciario. “Pensé que la iba a encontrar sin ánimos por estar encerrada. Aunque rechaza la comida que le dan, está más delgada pero animada como siempre. Me dijo que aunque le hayan quitado su libertad, no le podrán encarcelar sus ideas. No tiene miedo”, agregó la joven.

📷 Masaya, una ciudad tomada por paramilitares del gobierno de Ortega en Nicaragua

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