El Concilio de West Covina decidió no unirse al movimiento que se opone a las leyes que protegen a los indocumentados. El tema, que sigue dividiendo condados y ciudades, está siendo discutido en varios municipios del sur de California.

Una comitiva de 19 funcionarios incluidos el alcalde Carlos Giménez y el comisionado José 'Pepe' Díaz viajó junto a más de 30 personas durante dos semanas. La revisión de las cuentas revela que el 35% del costo de este viaje, es decir 31,800 dólares, fueron donados por cabilderos que buscan y tienen millonarios contratos con el condado.

El presidente del senado de California, Kevin de León, rechazó las declaraciones del alcalde de West Covina durante la reunión del concejo de esta ciudad en la que se abordó el tema de leyes santuario. "Los comentarios del alcalde de West Covina son grotescos, inhumanos (…) La ley es la ley y punto", señaló De León.

El mandatario firmó este miércoles el ambiguo memorando con la orden. Más temprano, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, indicó que el esfuerzo se implementará en conjunto con los gobernadores de los estados fronterizos, quienes tendrán control sobre lo que suceda en sus regiones.

En respuesta, la consultora política que trabajó con la campaña de Trump asegura que fueron 30 millones los perfiles que obtuvo y que realiza una auditoría independiente para certificar que fueron eliminados cuando se les reportó el problema.

Acelerar los juicios limitará el tiempo para que los inmigrantes reúnan pruebas, consigan intérpretes en idiomas raros y, lo más importante, para que encuentren un abogado que les ayude a navegar dentro del debido proceso migratorio estadounidense.