El gobernador Jay Inslee denunció que decenas de mujeres que cruzaron la frontera fueron llevadas a la cárcel SeaTac en Seattle tras ser separadas de sus hijos, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó sobre el traslado de 1,600 inmigrantes indocumentados a prisiones federales.

César Vargas, quien cruzó la frontera entre México y Estados Unidos en 1990 junto a su familia, obtuvo amparo bajo DACA y libró varias batallas en tribunales hasta convertirse en el primer indocumentado con un certificado para ejercer su profesión en Nueva York.

Las autoridades guatemaltecas se acusan unas a otras de no haber evacuado las poblaciones próximas al volcán de Fuego. El legislador Mario Taracena acusó al secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de tener responsabilidades penales en el caso.

El juez federal Dana Sabraw dijo que la conducta de la administración impacta la conciencia y viola el derecho constitucional de los demandantes a la integridad familiar. La acción legal colectiva que introdujo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presenta la separación como una práctica común por parte del gobierno Trump.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el traslado a gran escala será temporal y que está colaborando con US Marshals (USMS), el Buró Federal de Prisiones (BOP), operadores privados de centros de detención y agencias de gobiernos locales para este fin.

Acción Ciudadana frente a la Pobreza presentó una plataforma en la que desde abril se denunciaron 272 ilícitos de compra de votos, con un valor entre 8 y 250 dólares, en 26 de los 32 estados del país. La organización también documentó condicionamientos en programas sociales como Prospera.