El secretario ejecutivo de una de las principales organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, Álvaro Leiva, y otros miembros de su equipo huyeron a Costa Rica tras recibir amenazas. El grupo decidió cerrar de manera temporal sus oficinas aunque seguirán recibiendo denuncias por teléfono y vía electrónica.

El congresista Mario Díaz-Balart aconsejó enviar cartas y realizar llamadas al liderazgo demócrata y republicano pidiendo que pongan la propuesta en el pleno. El proyecto de ley busca aumentar la presión al régimen y negarle los fondos al gobierno de Ortega. Las manifestaciones en ese país han dejado, según organismos internacionales, más de 400 muertos desde el 18 de abril.

También mostraron su apoyo a decenas de trabajadores de la salud que perdieron sus empleos ya que al parecer fueron acusado de apoyar el terrorismo. Exigieron la libertad de más de 400 personas detenidas tras las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, de las cuales más de 100 son acusadas en los tribunales de justicia por terrorismo y otros delitos.

Entonando el himno de Nicaragua, decenas de personas se dieron cita en la Pequeña Habana para denunciar los crímenes cometidos por actual gobierno. Por su parte, la OEA adoptó una resolución para crear un grupo que lleve al diálogo en ese país.

La creación de un grupo de trabajo que pueda contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas para la crisis que vive Nicaragua es la resolución que aprobaron 20 países en una nueva sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de Daniel Ortega rechazó y condenó la decisión.

El presidente Daniel Ortega había declarado que los hombres armados pertenecían a organizaciones políticas opositoras y al crimen organizado. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, reapareció públicamente durante el acto por el aniversario 39 de la Fuerza Aérea de Nicaragua y por primera vez se refirió a la crisis, que ha dejado más de 300 muertes.