El nombre de Flores, que el gobierno pretende esquivar, deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Su caso levantó una larga batalla judicial que estableció unas reglas para garantizar los derechos de los menores llegados por la frontera.

La abogada Meredith Brown asegura que esta medida es otro ataque del presidente para tratar de hacer sus propias reglas sobrepasando al Congreso de EEUU. Agrega que con esta idea el mandatario busca disuadir los procesos de asilo para que los inmigrantes tengan que hacer las diligencias desde los centros de detención dificultando el trabajo de los juristas.

El gobernador JB Pritzker firmó este miércoles la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes, una legislación impulsada por la senadora estatal Cristina Castro y apoyada por la representante local Theresa Mah. La medida prohíbe a los arrendatarios presentar una orden de desalojo contra los ocupantes de sus propiedades como represalia por su estatus migratorio.

Carmencita Hernández es originaria de Colombia y llegó hace 25 años al país. Este miércoles hizo parte de la ceremonia de naturalización en la que 2,600 personas obtuvieron la ciudadanía.

El abogado Raed González explica que el acuerdo nació a raíz de la demanda que interpuso una niña inmigrante, justamente de apellido Flores, en 1985 por el trato que recibió cuando estuvo detenida. El caso se resolvió hasta 1997 y se estableció que los menores inmigrantes en centros de detención debían tener seguridad, buenas condiciones y no permanecer allí por más de 20 días. Un periodo que la administración de Trump anunció extenderá para las familias que crucen la frontera con niños.

La administración anunció este miércoles su decisión de no seguir el Acuerdo Flores, que desde 1997 impide que los migrantes menores de edad sean detenidos por más de 20 días. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, señaló que la medida pretende mantener a las familias como una unidad y evitar separaciones familiares, aumentando unilateralmente el tiempo de detención. Muchas organizaciones ya han anunciado la demanda contra esta regla.