Naya Cruz Fonseca, de 20 años, salió de Cuba con un permiso de viaje tras la aprobación del parole humanitario y una vez llegó a Tampa fue detenida debido a que el documento era falso. “Mi número de Alien no apareció en el sistema”, dijo. Según cuenta, su pareja contrató los servicios de una supuesta abogada para adelantar el proceso, pero al parecer terminó siendo una estafa. Ante la situación, la joven solicitó asilo político. El abogado Ismael Labrador explica qué ocurrirá con Naya.

Con la intención de buscar alternativas ante la llegada masiva de migrantes provenientes de la frontera, autoridades en Nueva York están explorando espacios vacíos para albergarlos. Uno de los que está en la mira es un parque nacional en Staten Island en donde residen miembros del ejército, por lo que ya son varios los que se han opuesto a la propuesta.

Martha León, la cubana que contó que fue abandonada por su hijo en el Darién, se encuentra ahora en un hospital en plena selva. Su hija, quien está en Brasil, pide una visa humanitaria para poder reencontrarse con su madre.

Las autoridades hacen un llamado para que la comunidad tenga cuidado con las publicaciones en redes sociales, en las que personas inescrupulosas ofrecen hacerse pasar por patrocinadores para el parole. Los inmigrantes deben pagar altas sumas de dinero y resultan estafados, además, el abogado Nate Christensen señala que esto es un delito. "Si está pagándole a una persona que ni conoce para que sea su patrocinador, eso es fraude y va a tener un castigo de por vida", advierte el abogado.

Como ayuda a la comunidad en Florida, nuestra abogada Jessica Domínguez se acercó a madres “dreamers” para aclarar sus dudas de inmigración, tales como si puede aplicar para el Estatus de Protección Temporal alguien con orden de deportación o qué nacionalidades califican para programas de residencia.

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Una parada de tráfico por tener vidrios oscuros y grietas en el parabrisas terminó con el arresto de Raquel López Aguilar. El hombre de 41 años ahora enfrenta cargos por transportar a indocumentados bajo la sección 787.07 de la nueva ley de inmigración de Florida, que establece penas de hasta 15 años de cárcel.