Oswaldo Álvarez, director de la oficina del Censo en Illinois, señaló que la decisión está ligada a que la administración Trump quiere tener la base de datos del conteo para el próximo diciembre, por ello, los encargados tuvieron que poner el 30 de septiembre como fecha límite para participar en el registro.

Aquellas personas que no cuentan con ingresos y han perdido sus trabajos en medio de la emergencia podrán acceder a alimentos preparados, a programas de protección de desalojos y a pruebas gratuitas de covid-19, según explica Rigoberto Reyes, quien hace parte del Departamento de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles.

Según autoridades, el formulario ya no se podrá diligenciar hasta el 31 de octubre, sino que ahora tendrá como fecha límite el próximo 30 de septiembre. Dicha decisión molestó a varios activistas, ya que creen que es un esfuerzo de la administración Trump para hacer un mal conteo de la comunidad indocumentada.

Don José Melchor, un hispano de 68 años que vive en San José, California, perdió su trabajo como lavaplatos por causa del coronavirus, pero ha sobrevivido gracias al apoyo de la comunidad que casi a diario le lleva dinero y comida.

Afuera de las oficinas de inmigración en la Ciudad de los Vientos, activistas expresaron su desacuerdo sobre el envío de agentes federales a Chicago y la creación de la llamada academia ciudadana, que tendría como propósito entrenar a personas a hacer tareas como la de los agentes de ICE.

La agencia federal que revisó el caso dictaminó que los jueces de inmigración “no son funcionarios administrativos porque actúan como jueces reuniendo hechos de testigos y documentos, y aplicando esos hechos a las leyes, reglamentos, precedentes y decisiones existentes".