La oficina del Censo de Estados Unidos podría suspender la búsqueda de datos de los inmigrantes indocumentados, una orden ejecutiva que había dado la administración Trump para prohibir que estos participaran en el conteo. El censo decide cuántos escaños se le asignan a cada estado en el Congreso y se utiliza para planear la distribución anual de cientos de millones de dólares. Más información aquí.

El canciller Marcelo Ebrard, argumentando su posición en el acuerdo comercial que existe entre ambos países, dijo que Estados Unidos debe garantizar que “todos los empleados, sin importar la condición migratoria, reciban la vacuna”. Esta polémica se da luego de que el gobernador de Nebraska aseverara que los indocumentados no tienen derecho a ser inmunizados, hecho que, además, fue catalogado por activistas como un ataque. Más información aquí.

La abogada Claudia Bernal explica que no todos los cambios en la política migratoria llegarán con la rapidez que muchas personas esperan. Entretanto, especialistas coinciden en que lo relacionado con la política de asilo debe ser prioridad. Bernal afirma que, durante estos cuatro años, el asilo ha sido el aspecto de la ley de inmigración tratado con más rigurosidad.

Varios defensores de los inmigrantes se reunieron en Los Ángeles para exigir que el presidente electo, Joe Biden, se comprometa con la presentación del proyecto de ley, incluso antes de la toma de posesión. El pasado martes, la vicepresidente electa, Kamala Harris, le aseguró al Noticiero Univision que ya tiene una propuesta lista sobre inmigración y que hace parte de las prioridades del próximo gobierno. Activistas esperan estas gestiones en los primeros 100 días de mandato. Más información aquí.

El gobierno de Guatemala asegura que si es necesario usará la fuerza para no dejar pasar a quienes buscan cruzar la frontera. "Me quedé sin casa, sin nada y vengo huyendo de la delincuencia", dice uno de los integrantes de esta caravana.

Cuando el entonces fiscal general anunció la política, él y algunos de sus funcionarios de confianza sabían que al imponer cargos criminales a los adultos migrantes que llegaban a EEUU con sus familias, se generaría un problema mayor. A pesar de eso y de las advertencias de varios fiscales generales estatales presionó para seguir adelante con la medida.