El gobierno de Biden argumenta que el beneficio migratorio fue otorgado porque el país caribeño está experimentando actualmente serias preocupaciones de seguridad, malestar social, un aumento en los abusos de los DDHH, una pobreza paralizante y la falta de recursos básicos, que se ven agravados por la pandemia.

Vanessa Hernández y su pareja conforman una familia con estatus migratorio mixto. Ellos son indocumentados y tienen tres hijas ciudadanas estadounidenses. Tras presentar su declaración de impuestos, han recibido más de $8,000 en estímulos del gobierno de California y la administración federal.

Antes del inicio de la pandemia, Ellie Diop perdió su trabajo y después de solicitar trabajo en más de 50 lugares estaba por perder la esperanza, pero con la llegada del primer estímulo económico vio una oportunidad que no dejó pasar.

La abogada de inmigración, Silvia Mintz, indicó que los padres que recojan a niños que han sido detenidos en la frontera no serían deportados debido a un nuevo mandato.

Más de 150 organizaciones proinmigrantes le están pidiendo al gobierno de Biden que elimine la regla que el expresidente Trump firmó antes de terminar su mandato y que aumentó drásticamente las tarifas de trámites como el de la solicitud de suspensión de deportación, que pasó de costar $110 a $975. "Impone costos excesivos para no ciudadanos, muchos sin representación legal", dijo la coalición, que además insistió en que continuará con su presión para lograr detener este incremento. Más información aquí.

Rocío Rebollar fue deportada por última vez en el año 2020 y, después de casi un año y medio en Tijuana, en México, pudo reencontrarse con sus hijos y nietos en EEUU gracias a la aprobación de su solicitud de asilo, argumentado que su vida corre peligro en su país. Ahora la familia espera que el gobierno de Joe Biden le ayude a permanecer unida y que Rocío pude continuar su proceso migratorio. Ver más noticias aquí.