Reportes indican que el pasado 14 de noviembre una mujer logró llamar al 911 para pedir ayuda asegurando era víctima de secuestro y abuso sexual, al llegar la policía al lugar rescataron a la mujer de origen guatemalteco y tres personas más. Dos hombres identificados como José Domingo Ortega, de 24 años, y Ulises Gonzalez, de 31, están bajo arresto con una multa de $100,000.

Una pequeña venezolana de 5 años fue rescatada por agentes de la Patrulla Fronteriza de Eagle Pass, en Texas, luego de haber sido abandonada en un islote cerca del Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. Afortunadamente, la menor migrante pudo ser reunificada con su madre. Más noticias aquí.

Según un reporte del diario Times Union, la investigación que adelanta la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York involucra a funcionarios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). De acuerdo con la publicación, ellos habrían recibido 3,000 dólares o más para emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados que habrían dado documentos falsos sobre su domicilio para reclamar los pagos del fondo de trabajadores excluidos. Más noticias aquí.

Johana Valle llegó indocumentada a Estados Unidos cuando tenía 16 años, pero luego de un mal proceso y por no saber inglés quedo envuelta en un caso migratorio que terminó en su deportación. Meses después regresó al país con una visa humanitaria y la intención de certificarse como intérprete para poder ayudar a otros que están en la misma situación que ella estuvo. Más noticias aquí.

Este martes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tuvo que enfrentar un intenso interrogatorio en el senado por parte de los republicanos, quienes le cuestionaron el manejo que se le ha dado al cruce irregular de migrantes en la frontera. El funcionario reconoció que el número de inmigrantes indocumentados actualmente es históricamente alto y negó estar separando a niños de sus familias como ocurrió durante el gobierno Trump. Más noticias aquí.

Autoridades de Los Ángeles piden determinar por qué el niño Miguel Andrés fue entregado a una madre de crianza que lo dejó con heridas en la cara, golpes en su cabeza y signos de tortura en todo el cuerpo. Además, exigen determinar si el niño y su familia biológica fueron discriminados por sus orígenes y limitaciones de lenguaje.