El proyecto bipartidista parece contar con el apoyo necesario en la Cámara Baja y el Senado. Las cuotas de los diferentes países desaparecerían y se aumentarían los cupos para los familiares de los residentes. Esta podría ser la primera medida del presidente Donald Trump considerada proinmigrante. Si llega a ser aprobada, los beneficios serían efectivos a partir de octubre.

Abogados y activistas se muestran preocupados por los atrasos y aseguran que los más afectados son las familias, poblaciones vulnerables y empresas estadounidenses "que dependen de adjudicaciones oportunas".

Ana María Santamaría, de la Asociación de Abogados por el Interés Público, informó que todas las personas interesadas podrán comunicarse para recibir asistencia especializada en su caso particular. Además, preparan una feria que contará con talleres y asesoría en temas de naturalización.

La abogada de Inmigración Jessica Domínguez afirma que sí es posible. Sin embargo, en caso de que el beneficiario sea de México la espera puede tardar 20 años y si es de otro país de habla hispana el proceso toma aproximadamente de 13 años.

La paralización parcial del gobierno federal tiene en vilo aquellos que están a la espera de la residencia permanente o a quienes disputan legalmente una deportación, entre otros casos, ya que la medida genera retrasos en las oficinas competentes y en las cortes. Expertos recomiendan a las personas afectadas actualizar su información con Inmigración y estar en constante contacto con sus abogados.

La abogada Jessica Domínguez asegura que cuando el personal regrese a sus labores volverá a mandar notificaciones a las personas que esperan sus trámites migratorios.