La cláusula se incluía en la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code), que establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

El nuevo protocolo entró en vigencia este lunes 24 de febrero y limita las opciones para conseguir visa para entrar a EEUU y también afectará a quienes pidan la residencia permanente. Las personas que hayan usado fondos públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses serán las más perjudicadas. "Lamentablemente (la medida) está teniendo el efecto que la administración Trump quería, que es espantar a nuestra comunidad", aseguró el abogado de inmigración Ángel Rodríguez.

Otro aspecto que causa preocupación sobre la nueva regla de carga pública es la amplia discrecionalidad que la nueva regla otorga a los funcionarios de inmigración y consulares para otorgar o negar visas y residencias permanentes. “Hasta 200,000 cónyuges inmigrantes ahora pueden correr el riesgo de que se les niegue una tarjeta verde”.

Sería uno de los factores que USCIS vería como positivo, bajo la nueva regla del gobierno que entró en vigor el 24 de febrero.

Funcionarios y líderes comunitarios se dieron cita en el Bajo Manhattan para brindar asesoría a la comunidad ante el impacto que podría generar esta nueva regla, que afecta directamente a aquellos que están pensando en solicitar residencia en Estados Unidos.

En Nueva York, autoridades se reunieron para explicar y tranquilizar a la población sobre la aplicación de la medida de carga pública impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional. Desde que se anunció la nueva regla el pasado 14 de agosto, miles de personas han optado por no solicitar ayuda pública por temor a que se vea perjudicado su estatus migratorio.