La perspectiva política de Biden apunta hacia un territorio incierto después de que el fiscal general Merrick Garland designó un abogado especial para investigar el manejo de documentos clasificados por parte del presidente.

La Fiscalía afirma que el presbítero tenía en sus computadoras más de 6,000 imágenes de menores desnudos y realizando actos sexuales. Su congregación abogó por él solicitando una condena reducida y cumplirla en una casa de retiro para sacerdotes. Pero un juez lo sentenció a cinco años de prisión.

El presidente reconoció que se encontró un documento con marcas clasificadas de su época como vicepresidente en su “biblioteca personal” en su casa en Wilmington, Delaware, junto con otros documentos encontrados en su garaje. Biden dijo a los periodistas en la Casa Blanca que está “cooperando total y completamente” con una investigación del Departamento de Justicia sobre cómo la información clasificada y los registros gubernamentales llegaron a su casa y a la oficina de su antiguo instituto en Washington.

El alcance de las medidas es mayormente simbólico y limitado, pues tienen tienen muy pocas oportunidades de pasar en el Senado, que sigue estando controlado por los demócratas.

Unos materiales potencialmente clasificados fueron hallados en un oficina que Joe Biden usó al dejar la vicepresidencia en 2017. La comparación con el caso de los documentos incautados al expresidente Donald Trump ha sido inmediata. Pero hay importantes diferencias.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el arresto de Víctor Flores Enríquez, padre de Andrea Flores, una niña de 3 años de Menlo Park.