Según cifras, cada año cruzan la frontera un promedio de un cuarto de millón de armas de fuego de Estados Unidos a México. Tres de cada cuatro armas confiscadas en el país azteca pueden ser rastreadas de vuelta a su origen a EEUU.

The Guardian indica que según un análisis de más de una década de datos oficiales el gobierno de Estados Unidos pagó al menos 60 millones de dólares en acuerdos legales que involucran a estos agentes. La Patrulla Fronteriza afirma que se están investigando 30 incidentes y que el uso de fuerza cumple la normativa vigente.

En los últimos tres días se han procesado más de 70 casos y la mayoría son mujeres con hijos, según la organización Pueblo sin Frontera. Hasta el momento no se sabe si las familias que cruzaron fueron separadas.

Este es un proceso que avanza lento debido a los pocos espacios que están dando las autoridades federales. El abogado, Gunther Sanabria, aseguró que en la entrevista el interesado se sienta frente a un agente de inmigración y le cuenta su historia, posterior a ello le hacen preguntas. Si el agente de inmigración determina que la historia es creíble, le aprueba la entrevista y le pasa el caso a un juez.

Este grupo que se unió a la caravana de migrantes con el fin de buscar protección comenzó con 30 personas transgénero que huyeron de sus países por discriminación y violencia. Las integrantes se dispersaron durante la travesía por México y unas 10 llegaron a la frontera con Estados Unidos en Tijuana para pedir asilo.

Los centroamericanos de la movilización que han cruzado deben solicitar el asilo frente a un agente Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza bajo el denominado miedo creíble. Quienes pasen este primer filtro quedarán en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras obtienen una entrevista con un oficial de asilo.