El día en que Jake Patterson mató a los padres de Jayme Closs antes de llevársela, una llamada al 911 desde el celular de la madre alertó a las autoridades de que algo estaba pasando. 7 minutos después, la Policía llegó a la casa de los Closs y los encontró muertos, pero no había rastro de su hija: iba amordazada en el maletero de un auto al que justo las patrullas habían acabado de pasarle por el lado, según consta en la acusación.

Jake Thomas Patterson, de 21 años, mató a tiros a James y Denise Closs en su casa el 15 de octubre y se llevó a su hija, Jayme Closs, de 13 años. Casi tres meses después, la menor escapó de la cabaña en el noroeste de Wisconsin donde la tenía encerrada. La Policía arrestó a Patterson minutos después y este confesó los crímenes.

El más reciente fue hallado en diciembre, justo cuando el presidente presionaba por los $5,700 millones para poder erigir una barrera con la que frenar la inmigración indocumentada y las drogas. Pero el tráfico de estupefacientes continúa, y no precisamente a la vista, sino bajo tierra.

Estos tribunales permanecen cerrados desde el pasado 26 de diciembre y, según la Universidad de Syracuse, más de 42,000 audiencias han sido canceladas.

Muchos padres que viajaban con sus hijos no lograron cruzar a Guatemala por no llevar los pasaportes de los niños. El gobierno de Honduras informó que este martes retuvo a 60 menores que estaban sin la documentación requerida.

José Irizarry, quien fuera un brillante agente de la Administración de Control de Drogas, fue acusado de conspirar con un informante de esa agencia para lavar más de 7 millones de dólares producto de la venta ilícita de drogas.