René Christian Moya, de Housing is a Human Right, afirma que “esta ley no nos otorga una moratoria completa a los desalojos”. Asimismo, asegura que “lo que queremos es una solución balanceada, que ayude tanto a los inquilinos como a los dueños de casas”. Por otra parte, dice que lo bueno es que sí se lograron extender algunas protecciones.

La directiva beneficiará a aquellos que cumplan con cuatro requisitos y sean residentes de estados o ciudades que no ofrezcan este tipo de protección. La orden se extiende hasta el 31 de diciembre del 2020.

Administradores de propiedades aseguran que han sufrido los efectos de la crisis y han tenido que reducir personal. Además, aseguran que buscarán negociar con inquilinos que no han pagado la renta.

Esta nueva legislación contempla que si los inquilinos pagan el 25% de su renta no podrán ser desalojados. Residentes afectados por la crisis aseguran que es insuficiente, ya que debido a la pandemia no pueden trabajar.

Don Horsley, supervisor del Condado San Mateo, asegura que han realizado varias extensiones de la moratoria para desalojos, además buscan asistir a pequeños dueños de propiedades y lograr una negociación entre ambas partes.

Según Miguel Santiago, asambleísta del estado, el arrendatario tiene derecho a permanecer en su vivienda y a que no lo corran de su hogar, pero también debe comprometerse a pagar, al menos, el 25% de la renta mensual. “Si no abonan ese porcentaje, las personas corren el riesgo de ser desalojadas el 1 de febrero”, explica Santiago.