El caso se enfoca en los votantes puertorriqueños y parte de la Ley federal de derechos de voto dirigida a personas que fueron educadas en escuelas donde el idioma predominante no era el inglés.

Los manifestantes aseguran que en las fábricas de ropa se trabaja en condiciones inhumanas y que además no reciben el pago que merecen. Entre las propuestas que han presentado se encuentra la de remuneración por hora y no por pieza confeccionada, como funciona actualmente.

Noemí Ramírez, abogada de inmigración, explica que estos jóvenes aún siguen esperando una decisión de la Suprema Corte respecto al futuro del programa. El máximo tribunal anunció que tendría en cuenta los argumentos de 27,000 dreamers que trabajan en el sector salud y están luchando contra el coronavirus, lo que esperan esté a su favor.

Irving González explica que una jueza federal ordenó a ICE disminuir el número de presos en sus centros de detenciones para evitar contagios con el virus. Sin embargo, no estableció que fueran liberados los que no tuvieran cargos criminales, por lo que la agencia de inmigración decidió transferir a algunos de los arrestados.

La mujer, una enfermera de 33 años, dice que iba en su auto con sus tres hijas a comprar alimentos cuando fue detenida a punta de pistola por oficiales en el vecindario.

El resultado del litigio podría abrir el camino para que miles de personas con condenas por delitos graves voten en un estado donde las elecciones se ganan y se pierden por márgenes muy delgados.