“Esto ayudará a miles de inmigrantes en juicio de deportación, sobre todo cuando los expedientes demuestran que no fueron ellos quienes se equivocaron durante un caso que los puso en proceso de expulsión del país”, dicen abogados.

La advertencia asoma cuatro semanas antes de la celebración de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, programada para el 12 de noviembre, donde los magistrados escucharán los argumentos de los abogados del gobierno, que exigen la cancelación del programa, y de organizaciones que piden mantenerlo vigente, tal y como lo han dispuesto cortes interiores.

Nicole Mujica cruzó la frontera con sus seres queridos, pero fue la única que quedó tras las rejas. Está en un centro de detención de Arizona, mientras vive lo que las organizaciones de derechos humanos han venido denunciando: una separación forzada para presionar a su familia.

A la mujer le dio un ataque de pánico en el momento del arresto al salir de una playa y uno de los oficiales migratorios se quedó 5 horas con ella en la sala de emergencias.

Amalia Otero, quien cuenta con un permiso de trabajo y lleva más de dos décadas viviendo en EEUU, afirma que se sintió presionada a poner su rúbrica en un papel donde se comprometía a abandonar el país antes del 9 de diciembre. Expertos dicen que la mujer pudo haberse negado y debió buscar la ayuda inmediata de un abogado.

El viernes tres jueces dictaminaron que el servicio de inmigración no puede activar una nueva regla de carga pública, y la semana pasada otra corte federal prohibió la implementación de una norma que activaba deportaciones expeditas a nivel nacional.