La demanda está basada en que presuntamente el alguacil, Tom Dart, no libera a los presos en el tiempo que corresponde. Una ley aprobada en 2017 establece que las personas detenidas por crímenes que no son violentos pueden permanecer en libertad hasta el día de su juicio, si el juez de la causa así lo decide. Según la demanda, los puntos establecidos por la ley no son seguidos por la oficina del alguacil.

La juez federal que atiende el caso indicó que la decisión sobre la libertad de estos abuelos acusados de secuestro se tomará en los próximos días una vez tenga acceso a documentos sobre sus finanzas. En la audiencia la defensa argumentó violencia en contra de la madre y también aseguró que el padre del menor de edad recibió tratamiento por su adicción al sexo.

Supuestas tácticas de esta organización estarían vulnerando los derechos de los dueños como obstáculos para acceder a documentos financieros y mensajes con los que la presidenta pide ayuda para "eliminar" a tres propietarios que le molestan. El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR) abrió una investigación contra la asociación, que contrató a abogados alegando presuntos actos inapropiados de quienes se lanzaron como candidatos.

Andrew Cazares y Fausto Manzera fallecieron en un accidente automovilístico provocado por Joseph Frugoli, detective de la policía, en el año 2009. El pasado 30 de noviembre el oficial admitió que el día de los hechos conducía en estado de ebriedad. La demanda civil entablada contra la ciudad y el oficial alegaba que este estaba siendo protegido por un llamado código de silencio por parte del Departamento de la Policía de Chicago.

El menor habría sido llevado ilegalmente a Brasil junto a su madre, y los abuelos habrían colaborado para tal fin, razón por la que el padre del menor los demandó por secuestro parental y conspiración. La defensa aseguró que no se ha tenido en cuenta el argumento de la madre sobre constantes maltratos y violencia familiar.

Según la oficina de la procuradora, la empresa ha defraudado a cerca de 3,000 personas por año durante los últimos tres años. Denuncia que detrás de su fachada se esconde un supuesto negocio turbio del que miles de residentes de bajos recursos, mayoritariamente latinos, salen perjudicados. Asegura que el presunto fraude por parte de 'Su Familia Income Tax' es por un monto total que supera los 4 millones de dólares.