Cientos de personas se declararon en paro nacional este primero de mayo y tomaron las calles de San Juan en rechazo a un paquete de medidas tomadas por el gobierno de la isla. Aunque comenzó como una manifestación pacífica, horas después se registraron enfrentamientos con las autoridades que los repelieron con gases lacrimógenos.

Un reporte del Boston College concluyó que más de un millón de personas podrían quedarse sin sus pensiones en 20 años. La mayoría de los afectados serían trabajadores del sector de la construcción, alimentos, cuidado de la salud y camioneros que pertenecían a un sindicato y pagaron un fondo de pensiones cubierto por múltiples empleadores. La agencia gubernamental que garantiza los beneficios por jubilación cuando un plan de pensiones fracasa, también podría quedarse sin fondos en 10 años.

La crisis se debe a una deuda al fondo de pensiones por cerca de un millón de dólares. La contralora estatal, Susana Mendoza, ordenó pagar el fondo de pensiones de los departamentos de policía y bomberos de la ciudad como lo dicta la ley, sin embargo, oficiales de Harvey dicen que no hay dinero, por lo que una de las posibles soluciones es el despido de personal de estos dos departamentos.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que si la entidad federal lanza un plan propio con las medidas de austeridad su gobierno no las implementará.

Quienes se oponen al cierre expresaron preocupación sobre la logística de transporte y las necesidades de los niños de educación especial, que son 30 por ciento de los estudiantes del sistema.

El Gobierno resiste las políticas de austeridad que quiere imponer la Junta y pronto podría tener que aclararse quién manda en la isla: si el gobierno electo o la entidad nombrada por el Congreso