Activistas y puertorriqueños se congregaron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para manifestarse contra lo que llaman políticas de austeridad que mantienen a la isla sometida y negligencia de quienes quieren beneficiarse a costa de la crisis económica tras el paso del huracán María.

Esta es la entidad financiera privada más grande del país, la cual cuenta con cerca de 8 millones de clientes. Las autoridades decretaron la intervención luego de detener a 11 directivos del banco. El gobierno de Maduro los acusa de presunta vinculación a una red dedicada al tráfico de billetes. Según las autoridades, más de 900 cuentas de este banco tenían actividad sospechosa de presunta legitimación de capitales con direcciones electrónicas desde Colombia y Panamá.

Cerca de tres millones de niños han dejado de asistir a la escuela, lo cual está dejando al país sin una generación educada. Empujados por el hambre y la escasez que se vive en Venezuela, los padres de familia han optado por dejar de enviar a sus hijos a los centros educativos, pues tienen que escoger entre "comprar comida o comprar útiles escolares".

Cientos de personas se declararon en paro nacional este primero de mayo y tomaron las calles de San Juan en rechazo a un paquete de medidas tomadas por el gobierno de la isla. Aunque comenzó como una manifestación pacífica, horas después se registraron enfrentamientos con las autoridades que los repelieron con gases lacrimógenos.

Un reporte del Boston College concluyó que más de un millón de personas podrían quedarse sin sus pensiones en 20 años. La mayoría de los afectados serían trabajadores del sector de la construcción, alimentos, cuidado de la salud y camioneros que pertenecían a un sindicato y pagaron un fondo de pensiones cubierto por múltiples empleadores. La agencia gubernamental que garantiza los beneficios por jubilación cuando un plan de pensiones fracasa, también podría quedarse sin fondos en 10 años.

La crisis se debe a una deuda al fondo de pensiones por cerca de un millón de dólares. La contralora estatal, Susana Mendoza, ordenó pagar el fondo de pensiones de los departamentos de policía y bomberos de la ciudad como lo dicta la ley, sin embargo, oficiales de Harvey dicen que no hay dinero, por lo que una de las posibles soluciones es el despido de personal de estos dos departamentos.