Temen que el crimen organizado metió las manos en las protestas por la muerte de un albañil en México

En el tercer día de protestas en Jalisco por la muerte supuestamente a golpes del albañil Giovanni López mientras estaba bajo custodia de la policía en Jalisco, el gobernador de ese estado hizo declaraciones reveladoras: que es posible que los narcotraficantes hayan metido las manos en las manifestaciones.

El gobernador, Enrique Alfaro, teme, por un lado, que policías ministeriales hayan obedecido al crimen organizado para agredir con palos y detener a quienes se manifestaron el viernes en Guadalajara.

Además, dijo tener información de que integrantes de algún cartel se infiltrarán en las manifestaciones que se realizarán en los siguientes días en ese estado. Ambos señalamientos están bajo investigación.

El principal bastión del sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la zona metropolitana de Guadalajara, donde se encuentra Ixtlahuacán de Los Membrillos, el lugar donde fue detenido Giovanni López por supuestamente no usar cubrebocas y al día siguiente murió por golpes en la cabeza.

El viernes hubo protestas en varios lugares de Guadalajara, incluyendo las inmediaciones de la Fiscalía estatal. Allí agentes ministeriales vestidos de civil los recibieron a palazos y arrestaron a varios manifestantes. Alfaro aseguró que él les había ordenado a los agentes que no agredieran a nadie, pero algunos lo hicieron. Sin precisar el número, afirmó que algunos oficiales del orden están bajo custodia.

“El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos del día de ayer (viernes) responden a una línea de investigación sumamente preocupante: la posibilidad de que el mando policiaco, el mando de la Policía Ministerial y elementos de esa corporación que actuaron así de esa manera, pudieran haberlo hecho por instrucciones surgida de otra fuente”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“¿Quién dio la orden y quién dio la instrucción (de atacar)? Evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos certeza de eso. Lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta orden surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”, advirtió Alfaro en su mensaje.

El gobernador también dijo tener datos (que no mostró) sobre la posible infiltración de integrantes de grupo criminal (que no identificó) en las siguientes protestas. En su opinión, se trata de una estrategia para afectar la imagen de su gobierno. “Desafortunadamente también los intereses del crimen y de la delincuencia organizada están buscando desestabilizar a nuestro estado”, afirmó.

En las redes sociales se publicaron los nombres de varios jóvenes reportados desaparecidos tras acudir a las protestas del jueves y viernes, y culpaban a las policías locales. En la primera manifestación fueron arrestados 27 personas, incluyendo 6 menores de edad. El gobernador aseguró en Twitter el sábado que acudieron a los domicilios de cada uno de esos muchachos y verificaron que todos están a salvo.

No saben dónde está el alcalde

Alfaro no ha podido sacudirse la polémica en torno a la muerte de Giovanni López, aunque él asegura que ya se realiza una investigación “a fondo” que el viernes condujo al arresto de tres policías locales implicados en el fallecimiento del albañil de 30 años.

Los familiares de López insisten en que dicha detención se originó por un operativo buscando a personas que no usaban cubrebocas a principios de mayo, aunque la versión oficial señala que se debió a una “falta administrativa” por su agresividad en la vía pública.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) reclamó hace unos días que las estrictas medidas que impuso Alfaro durante la cuarentena habrían llevado a la violenta detención y muerte de Giovanni López.

En tanto, le han perdido la pista al alcalde de Ixtlahuacán de Los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, quien debía comparecer el viernes en la Fiscalía tapatía para corroborar algunas declaraciones que dio a la prensa. Lo han vuelto a citar para el lunes , ya como implicado en un caso de abuso de autoridad.

Esto deriva de la denuncia hecha por los familiares de Giovanni, quienes alegan que Cervantes Aguilar les ofreció 200,000 pesos (unos 9,000 dólares) para que no publicaran el video de la detención y, que al negarse, fueron amenazados de muerte.

El miércoles, en su última publicación en su cuenta de Twitter, el funcionario negó que haya ofrecido “cantidad alguna a cambio del silencio de los familiares y tampoco los amenacé”. Cervantes Aguilar aún enfrenta señalamientos por un presunto vínculo con el Cartel de Jalisco y por el secuestro y asesinato del exjefe de la policía de su municipio, Álvaro Corona Piceno.

Durante las manifestaciones del jueves en Jalisco surgió otro caso que está bajo investigación: una persona vertió gasolina y le prendió fuego a un policía en motocicleta, el cual resultó con heridas de consideración. El acto quedó registrado en video. El sospechoso sigue libre.